El sindicato ha puesto en marcha a nivel estatal una Iniciativa Legislativa Popular para impedir el «desmantelamiento» de este servicio público que fue aprobado por la mayoría absoluta del PP y que cuenta con el rechazo de sindicatos, partidos políticos de la oposición y organizaciones sociales.
La medida, que entraría en vigor el 15 de julio, supondrá que la ciudadanía tenga que pagar por servicios obligatorios que hasta ahora eran gratuitos, el cierre de oficinas en los municipios, el desplazamiento de ciudadanos y ciudadanas hasta la capital para hacer trámites, la extinción de la confidencialidad de los datos personales y la pérdida de miles de puestos de trabajo.
CCOO, a través de su Federación de Servicios a la Ciudadanía, ha puesto en marcha a nivel estatal una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) contra la privatización de los registros civiles. Esta medida, que supondrá un nuevo paso en el desmantelamiento de lo público, fue aprobada por la mayoría absoluta del PP y cuenta con el rechazo de sindicatos, partidos políticos de la oposición, organizaciones sociales, ciudadanos y ciudadanas.
El secretario general de CCOO de Sevilla, Alfonso Vidán, ha recalcado que “el Gobierno del PP, aplicando el rodillo de su mayoría absoluta en el Congreso y sin diálogo ha dado cerrojazo a los registros civiles como un servicio público para entregárselos a los registradores de la propiedad” en lo que supone “una nueva transferencia de un servicio público al capital privado”. Vidán ha explicado que, con la entrada en vigor de esta medida “no hay garantías de la privacidad de los datos personales” ya que hasta ahora eran los funcionarios sujetos al secreto profesional los únicos que tenían acceso a ellos, “desaparecerán estos servicios de nuestros municipios”, por lo que las personas tendrán que desplazarse hasta las capitales de provincia para llevar a cabo trámites obligatorios; y, además, “tenemos temores de pérdida de gratuidad” de los servicios.
El secretario general del Sindicato Provincial de Servicios a la Ciudadanía, Javier Pino, ha explicado que esta medida incide en la creación de una “justicia de doble velocidad” porque “los ciudadanos y ciudadanas que no tengan el mismo poder adquisitivo van a tener que pagar por cuestiones que son de imperativo legal y eso va a suponer hacer caja de lo público perjudicando a la ciudadanía”.
Los registros civiles que ahora serán privatizados son los encargados de llevar a cabo certificaciones obligatorias para todos y todas como la partida de nacimiento o defunción, la del DNI, la de matrimonio, fe de vida, etc.
Pino ha calificado esta medida del PP como “ideológica” ya que se trata de “sacar beneficio de lo público” haciendo que la ciudadanía tenga que “repagar” a través de aranceles unos servicios que ya asumen con sus impuestos. Pino ha dejado claro que los registros civiles llevan a cabo un servicio “muy eficiente” que es de los que “tiene menos quejas” por parte de usuarios y usuarias.
Por su parte, el secretario general de la Sección Sindical de Justicia de CCOO de Sevilla, Luis Calero, ha asegurado que, con la implantación de esta medida, se pueden perder hasta 5000 puestos de trabajo, más de un centenar de ellos en la provincia de Sevilla. Calero ha asegurado que esta medida responde a una “decisión caprichosa y tendenciosa” del PP que CCOO va a intentar revertir mediante la puesta en marcha de esta ILP además de movilizaciones. Según Calero, “hay un ritmo descomunal de recogida de firmas” por lo que esperan poder presentar la ILP –para la que se necesitan 500 000 firmas- antes del verano. Calero ha explicado, además que mañana jueves, 9 de abril, llevarán a cabo una concentración en la sede del Registro Civil de Sevilla (en Viapol) y que el próximo 11 de abril acudirán a Madrid para secundar una manifestación convocada a nivel estatal. Calero ha pedido, además, a los alcaldables del PP en Sevilla que se posicionen sobre la privatización de los registros civiles y el cierre de este servicio en sus municipios con la consiguiente merma a través del desplazamiento que sufrirán los ciudadanos y ciudadanas de las 105 localidades de la provincia.