Espadas ha instado a Zoido a explicar las actuaciones municipales en la investigación juidicial por el «expolio» de de la antigua comisaría de Policía Local en Cartuja.
El portavoz y candidato socialista eleva una pregunta al Pleno tras el escrito de conclusiones de la Fiscalía del que se desprende “la absoluta falta de control por parte del Ayuntamiento” y ante el “grave perjuicio” que ocasionaría para las arcas municipales la indemnización de 20,9 millones solicitada por la empresa damnificada por el expolio y destrozo de los edificios
Espadas ha apuntado además al esclarecimiento y a la asunción de responsabilidades políticas “en un asunto que sólo aporta mala imagen y nula credibilidad del Ayuntamiento ante las empresas con las que cierra acuerdos”. Los hechos se remontan al verano de 2012, la fecha acordada por el Ayuntamiento y la empresa Detea para la entrega de los edificios vendidos en Cartuja que quedarían libres tras el traslado previsto de la sede de la Policía Local al nuevo complejo de la Ranilla. “Lo que debía ser sin más un traspaso de llaves y de propiedad ha acabado siendo un episodio bochornoso que deja en el peor de lugares al Ayuntamiento y que tres años siguen sin clarificarse desde el punto de vista político”, según Espadas.
Tras la mudanza lógica de mobiliario, el edificio sufrió un primer “atraco institucionalizado” en el que tanto personal propio de la Policía Local como el de Edificios Municipales se encargaron de desmontar grifos, lavabos, enchufes, sanitarios, aparatos de aire acondicionado, mamparas, fluorescentes, techos de escayola, hilo de línea, cuadros eléctricos “y todo cuanto se ordenó acaparar para una supuesta reutilización en otras dependencias municipales que sigue a día de hoy sin explicación”. Esta actuación fue públicamente reconocida en enero de 2013 por el entonces delegado de Seguridad y Movilidad de Zoido, Demetrio Cabello, en lo que se explicó como “práctica habitual de entrega de edificios enajenados”.
Ese primer expolio institucionalizado hizo un “efecto llamada” para chatarreros y oportunistas, al parecer con colaboración de personal municipal, a los que ayudó la orden de eliminación de la vigilancia policial que hasta entonces se mantenía. El resultado fue “un edificio destrozado literalmente, un espectáculo indescriptible por el nivel de saña con el que unas dependencias hasta dos semanas antes en uso quedaron objetivamente inservibles”.
Ahora Espadas vuelve a llevar al Pleno este «expolio» por el que se abrieron dos causas judiciales. En la primera de ellas la empresa denunció por la vía penal y dio origen a investigación del juzgado de primera instancia número 10. En la segunda, causa civil, Detea exige al Ayuntamiento una indemnización de 20,9 millones de euros.
Tras conocer que la Fiscalía de Sevilla ha remitido al juzgado de instrucción número 10 las conclusiones en las que se ponen de manifiesto que empleados municipales desmantelaron los edificios Charly y vendieron los materiales obtenidos, cuando los edificios ya eran propiedad de la empresa Detea, Espadas insta a Zoido a explicar en el Pleno cuáles han sido las actuaciones municipales destinadas a contribuir en el esclarecimiento de este asunto, por lo que le insta a responder si se ha personado o no el Ayuntamiento en el proceso, así como si se ha derivado algún tipo de imputación y, en su caso, de quién y con qué cargos.
De igual forma, el socialista recalca que de acuerdo con las conclusiones de la Fiscalía, se pone de manifiesto la falta absoluta de control del Ayuntamiento sobre sus propios bienes, por lo que quiere que Zoido ofrezca explicaciones sobre si se ha depurado o se va a depurar algún tipo de responsabilidad política en el Área de Hacienda, responsable del patrimonio municipal.
Por último, el PSOE también quiere saber cuál ha sido la actuación del gobierno de la ciudad tras los hechos sucedidos con respecto a la empresa Detea con la que se cerró el acuerdo de compra, si ha habido algún tipo de contacto para interesarse por el daño objetivo ocasionado, algún tipo de negociación o si ha provisionado alguna cantidad en contabilidad para hacer frente a la posible responsabilidad civil cifrada en 20,9 millones de euros.