El agente recurrió la sanción de seis y meses de un día de suspensión por cobrar su propio «impuesto» a vendedores del mercadillo ambulante del Charco de la Pava.
El Tribunal Supremo ha confirmado una resolución del Ministerio de Defensa de julio de 2012 que impuso una sanción de seis meses y un día de suspensión a un cabo Primero de la Guardia Civil. El agente recurrió la sanción pese a que ésta le había sido sustancialente rebajada en el proceso administrativo desde la inicial, que era de cinco años de suspensión de empleo y sueldo.
La Policía local descubrió un día de mercadillo de febrero de 2009 que los responsables de los puestos empezaban a desplegarlos una vez hagía finalizado el horario autorizado por el Ayuntamiento. Inquiridos por los agentes, los vendedores manifestaron que habían pagado por instalar su puesto.
Señalaron a dos personas que se encontraban allí, y que resultaron ser un guardia civil retirado y el recurrente, quien no manifestó en ese momento su pertenencia a la benemérita limitándose a señalar que despendían de la Asociación de Comerciantes Ambulantes (ACA).