El magistrado que instruye el caso Marta del Castillo ha denegado de nuevo la petición de libertad que solicitó el abogado de Samuel Benítez. El Ministerio Público considera que aún existe riesgo de que elimine pruebas fundamentales para resolver el caso.
Sevilla Actualidad. El Juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla ha denegado por tercera vez la petición de libertad que el abogado de Samuel Benítez solicitó al magistrado que instruye el caso Marta del Castillo, Francisco de Asís Molina.
Samuel está acusado en la causa por supuestamente haber ayudado a su amigo Miguel Carcaño a ocultar el cuerpo de Marta mientras el asesino confeso se quedaba en la vivienda de León XIII, donde presuntamente la había asesinado, limpiando huellas y rastros de sangre. Samuel se encuentra desde el pasado 17 de febrero en la prisión de Huelva.
La decisión del juez de denegar la libertad de Samuel se produce después de que éste notificara a finales del pasado mes al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de que el joven había cumplido tres cuartos del plazo máximo que podía estar en prisión preventiva.
El Ministerio Público considera de nuevo que aún existe riesgo de que el chico elimine pruebas que lleven al esclarecimiento de los hechos. Además, apunta a la gravedad de los hechos que ocurrieron la noche del 24 de enero cuando desapareció Marta, y por ello el magistrado del caso ha rechazado el recurso de reforma subsidiario de apelación que ha presenta el letrado de Samuel.
El joven negó desde su primera declaración, el 16 de febrero, haber participado en los hechos ocurridos la noche de la muerte de Marta, alegando que incluso no conocía lo que había sucedido, y atribuyó su primera confesión, donde confesó que sí había colaborado en los hechos, a amenazas realizadas por la Policía.
En el crimen de Marta se encuentran también privados de libertad el asesino confeso de la joven, Miguel Carcaño, quien cumple prisión incondicional en la cárcel de Morón, y ‘El Cuco’, menor de 15 años de edad.
‘El Cuco’ saldrá el próximo 16 de noviembre del Centro de Menores donde se permanece internado e ingresará en un piso tutelado al haber superado los nueve meses de reclusión provisional máxima prevista en la ley.