La sala de lo Social del TSJA observa un posible delito de tráfico de influencias y prevaricación del ex alcalde Sánchez Monteseirín en la reincorporación del asesor socialista Enrique Castaño.
El Juzgado de Instrucción número 14 de Sevilla ha comenzado actuaciones sobre los indicios de posibles delitos de tráfico de influencia y prevaricación que, a juicio de la Sala de lo Social del TSJA, podrían darse en la contratación de Enrique Castaño en la Fundación DeSevilla, contrato realizado por indicación del ex-alcalde de Sevilla Alfredo Sánches Monteseirín, unos días antes del anuncio del ERE de la fundación.
La Sala de lo Social desestima el recurso presentado por el propio Enrique Castaño, en el que éste solicitaba una mayor indemnización de la recibida por parte de la Fundación DeSevilla como trabajador que se vio afectado por el ERE.
Los magistrados del TSJA consideran que el despedido fue procedente y objetivo y por tanto no hay derecho a una mayor indemnización que la recibida por el sueldo estipulado de 35.000 euros.
Junto a ello, y a la vista de los hechos, la Sala considera que pudiera haberse producido un delito de tráfico de influencias y prevaricación, ya que la cobertura legal que se dió a la contratación de Enrique Castaño, por parte del secretario de la Fundación, podría ser ilegal.
La Sala de lo Social pide que se inicié un a investigación penal sobre los hechos y ahora será el Juzgado de Instrucción N.14 de Sevilla quien determine si es este Juzgado el que debe instruir o si ya hay otros Juzgados en la ciudad que están investigando sobre los acusados en hechos similares y, por tanto, se acumularían los procesos.