El 1 de enero venció la prórroga de los contratos de arrendamientos de locales de negocio de renta antigua. Según CCOO, en Sevilla podrían cerrar mil establecimientos a causa de este vencimiento.
El secretario de Acción Sindical y Política Sectorial de CCOO de Sevilla, Carlos Aristu, ha alertado de que “podemos enfrentarnos a un tsunami en el sector comercial tradicional que cambiará nuestro paisaje urbano de forma radical”. En la provincia, más de 10.000 empleos y unos 3.000 establecimientos pueden verse afectados, ha aseverado el sindicato.
El pasado 1 de enero venció la prórroga de 20 años establecida por la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 para la mayoría de contratos de arrendamientos de locales de negocio de renta antigua. «Esto ha propiciado un escenario de virtual negociación entre arrendador e arrendatarios carente de equilibrio entre las partes, que en el actual contexto de crisis económica y el importante volumen de patrimonio inmobiliario acumulado por fondos de inversión y otros grupos de interés, podría provocar un cierre masivo de pequeñas y medianas empresas y la destrucción de un volumen importante de empleo en el sector comercial».
Según el secretario de Acción Sindical y Política Sectorial de CCOO de Sevilla, Carlos Aristu, “más de 10.000 empleos pueden perderse en una provincia como Sevilla, donde unos 3.000 establecimientos estarían afectados por en cambio de marco contractual”. En una ciudad como Sevilla, unos 1.000 establecimientos podrían cerrar destruyendo a más de 3.000 empleos.
“Estamos hablando de empresas en las que el trabajador o trabajador ha desarrollado allí toda su vida profesional, de establecimientos tradicionales en las que una familia viene manteniendo una actividad singular y apreciada en su entorno”, ha subrayado el sindicalista. Por otro lado, Aristu ha declarado que los efectos serían gravísimos también para las industrias relacionadas con el sector (proveedores, auxiliar y de servicios), que perderán una porción importante de su cartera de clientes.
Por otro lado, Aristu ha destacado el proceso de transición que, desde un modelo comercial equilibrado entre los diferentes formatos comerciales, se produciría hacia un modelo “de sustitución de locales con comercios tradicionales por franquicias y formatos sin identidad singular ni conexión con el entorno urbano”. “Este empobrecimiento de la oferta comercial será perjudicial para la ciudadanía: perderemos variedad, muchos productos y actividades desaparecerían y los precios indudablemente subirían en este contexto”, advierte el sindicalista.
CCOO ha reclamado al Gobierno Central que tome cartas en el asunto de forma inmediata y active una solución, al menos transitoria, que elimine la inseguridad que viven hoy miles de comerciantes y trabajadores del sector. “Hay una enorme alarma social en el sector y el Gobierno debiera escuchar a la mayoría y priorizar el interés general antes que a los grupos de presión que empujan a diario a favor de sus intereses concretos y privados”.