El portavoz socialista denuncia la paralización del proyecto de expropiación de los pisos y construcción de nuevas viviendas públicas aprobado en el anterior mandato.
El portavoz socialista, Juan Espadas, y el concejal Juan Miguel Bazaga se han reunido hoy con los vecinos de la barriada de Guadaíra para denunciar “el grave incumplimiento de todos los compromisos” por parte del Gobierno local que tiene paralizadas las expropiaciones y el proyecto de construcción de nuevas viviendas públicas.
“Zoido vuelve a mostrar su insensibilidad y falta de preocupación por los problemas que sufren muchos barrios de la ciudad. Y ahora no sólo anuncia a los vecinos que no va a ejecutar la intervención en este mandato sino que les advierte de que podría no realizarse por parte de Emvisesa y pasar a una empresa privada. Si eso se materializa, sería una operación de especulación urbanística intolerable en la ciudad”, explicó el portavoz socialista.
Juan Espadas recordó que existe un acuerdo de todos los grupos políticos para impulsar las expropiaciones y la construcción de viviendas públicas en la barriada de Guadaíra, previo realojo de las personas que allí residían, desde abril de 2011. Ese mismo acuerdo fue planteado en el Pleno hace ahora un año, en noviembre de 2013, por parte del Grupo Socialista, y aunque fue rechazado se encontró con nuevos compromisos por parte de Zoido y del delegado de Urbanismo.
“Todos se han incumplido. Y mientras tanto, los vecinos, personas humildes y trabajadores, se encuentran en un callejón sin salida. No se les ofrece una expropiación a un precio que les permita buscar otra vivienda, no se les conceden licencias de obras porque son infraviviendas, y no se les plantean realojos temporales o definitivos en otros pisos”, advirtió el portavoz socialista, quien subrayó que, desde que empezó el mandato, “no ha hecho más que perder el tiempo para buscar excusas para no intervenir”.
En este tiempo, además, se han producido situaciones que el portavoz socialista calificó como “intolerables”. Así, denunció que una de las vecinas recibió hace meses una inspección de oficio de la Gerencia de Urbanismo. Sin previo aviso y sin informarle del coste se pusieron unos puntales de seguridad. Posteriormente, se le giró una factura de 6.000 euros.
“Cuando en el Pleno exigimos al gobierno de Zoido que rectificara aseguraron públicamente que esa factura no se cobraría dado los bajos ingresos de la familia, que había sido un error. Sin embargo, ahora, un año después han empezado a embargarle la cuenta con la reducida pensión de la que dispone para realizar sus gastos. Es intolerable y demuestra la nula sensibilidad del gobierno de Zoido”, explicó Juan Espadas.