El polaco muerto en un albergue de Sevilla no recibió la atención necesaria
Los médicos que atendieron a Piotr Piskozub han sido imputados al considerarlos responsables del fallecimiento.
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía ha catalogado de «lógica» la imputación de los tres médicos que atendieron en el Hospital Virgen del Rocío a Piotr Piskozub horas antes de fallecer. Aun así, la APDHA insiste en investigar la responsabilidad de las administraciones en el fallecimiento.
Esta asociación se presentó en la causa como acusación popular y ha considerado que lo sucedido aquel día trasciende a la actuación de los facultativos y, por ello, «insistimos en que los protocolos existentes para la atención de las personas con problemática social en los servicios de urgencias pudieron propiciar el fallecimiento de Piotr». De hecho, el SAS acaba de personarse en la instrucción de la causa “ad cautelam” de su posible responsabilidad civil.
«En relación con esto mismo, la Consejera de Salud anunció por dos veces en los medios de comunicación tras el fallecimiento de Piotr, que había procedido a modificar dichos protocolos -eso sí, sin haberlos hecho públicos- ni especificar el sentido en que ha realizado las pretendidas modificaciones. Por ello, en el día de hoy hemos solicitado formalmente copia de los mismos a la Consejería», ha explicado la APDHA.
Para la asociació, dichos protocolos deben ponerse en relación con los escasos recursos de los servicios sociales municipales, totalmente insuficientes para atender a las personas sin hogar, y con la inexistencia de los mismos para las personas sin hogar enfermas. «Tal era el caso de Piotr que se encontraba desasistido en la calle llegando a extremos de total desamparo y muerte, razón por la cual señalamos igualmente la responsabilidad del Ayuntamiento» ha sentenciado.
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía ejerce la acusación popular al entender que este fallecimiento es consecuencia de la dejación de funciones de las administraciones, que «abandona» a las personas sin hogar, «poniendo al descubierto las carencias del sistema de bienestar en general y en especial para los más débiles, sin que ninguna administración asuma la más mínima responsabilidad. Cabe recordar que es una obligación de las administraciones el velar por el cumplimiento de los derechos humanos».