La nueva sentencia del TSJA conocida ayer, que apoya a otro vecino contra le biblioteca general que construía la Universidad de Sevilla en el Prado, ya ha sido valorada. El responsable de Comunicación de la institución ha dicho que espera más sentencias de este tipo y que recurrirán al Tribunal Supremo. Además el Cadus, reprueba la conducta de la Hispalense por no exigir responsabilidades patrimoniales al Ayuntamiento con la pérdida de fondos públicos que ello conlleva.
Sevilla Actualidad/Agencias. José Álvarez, responsable de Comunicación de la Universidad de Sevilla, indicó que tras la sentencia desfavorable del mes de junio del TSJA y de la conocida en el día de ayer, esperan fallos similares de los otros cinco recursos de los vecinos así como de los planteados por dos asociaciones que están en contra de este equipamiento.
Sobre esta sentencia del TSJA informó ayer Sevilla Actualidad. En su contenido se pide la anulación de la resolución de la Consejería de Obras Públicas respecto a la calificación de la parte este del parque del Prado como equipamiento educativo. Además solicita la anulación de la construcción de la nueva biblioteca central de la Universidad.
José Álvarez dijo que espera sentencias iguales porque el ponente del TSJA que resuelve los casos «es el mismo», y ha lamentado que el hecho de que se traten los recursos por separado encarece el proceso. Así, se irán sucediendo sentencias negativas contra la biblioteca durante bastantes meses, en vez de reunir todas en una.
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«Todo está en manos del Tribunal Supremo», indicó el responsable de Comunicación de la Universidad tras recordar que tanto la institución universitaria, el Ayuntamiento de Sevilla como la Junta de Andalucía han decidido presentar un recurso al Supremo contra la decisión del TSJA.
Rechazo del Cadus
Por su parte, el Cadus (Consejo de Alumnos de la Universidad de Sevilla), rechazó en el pleno del pasado jueves ocho de octubre las actuaciones de la Universidad con respecto a este tema. Entienden que “la actitud poco negociadora con los vecinos” es un error.
Además, también desaprueban el acuerdo alcanzado con el Ayuntamiento de Sevillael 25 de junio de 2008, en el que se renuncia a exigir responsabilidades patrimoniales al Ayuntamiento en caso de que la licencia concedida fuese revocada por la Justicia, como finalmente ha ocurrido.
En su nota de prensa aluden también a los enormes costes que provocan la paralización de las obras, que asciende según el Cadus a unos seis millones de euros. Son unos graves perjuicios que, a su entender, acarrean una “pérdida de fondos públicos” muy importante.