La dueña del famoso restaurante de la calle Betis ha declarado este martes como imputada por un delito de estafa.
La propietaria del restaurante, María del Carmen García Sánchez, vendió el negocio ocultando que sus participaciones sociales en el mismo se encontraban embargadas por la juez por el caso de los ERE fraudulentos.
García Sánchez realizó esta venta con el objetivo de cubrir la fianza de responsabilidad civil de casi dos millones de euros que se le impuso. La imputada ha defendido que no hizo constar dicho embargo en el contrato de compraventa porque «no hacía falta».
Fuentes del caso han informado a los medios de que, durante su declaración ante la juez de Instrucción número 15 de Sevilla, María del Carmen García Sánchez, que también está imputada en el caso ERE, ha explicado que el comprador, natural de Sevilla, le llegó a entregar como señal y por medio de un cheque 500.000 euros para la compra tanto del negocio como de las dos fincas sobre las que se asienta el mismo en la calle Betis, cuyo valor total alcanzaba unos seis millones de euros.
Además, la imputada ha señalado que estaba dispuesta a devolverle la cantidad entregada como señal, pero ha aseverado que «ya no se la va a devolver porque la ha denunciado». Asimismo, la propietaria del restaurante ha asegurado que en diciembre de 2013 comunicó a la juez Mercedes Alaya su intención de vender el negocio, «aunque no que lo hubiera vendido ya».
Fue cuando el afectado fue a escriturar la compra cuando se le informó de que la juez Alaya mantenía embargadas a la dueña de Río Grande sus participaciones sociales en el negocio, a lo que se suma que la propia Río Grande había sido declarada responsable civil subsidiaria de la fianza impuesta a María del Carmen García.
Por este motivo, el afectado dio por resuelto el contrato de compraventa y reclamó a la imputada el dinero entregado a cuenta.