CCOO y UGT denuncian las «intenciones del Gobierno de entregar» a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles los registros civiles.
Según CCOO, «los efectos de esta privatización serán muy negativos para toda la ciudadanía, que tendrá que pagar por servicios que hasta ahora son prestados de forma gratuita y que verán cerradas las oficinas del registro civil en la mayoría de los pequeños municipios».
La medida, denuncian, «obligará a los ciudadanos a trasladarse a las nuevas oficinas privadas o a encomendarse a gestorías para la tramitación de actuaciones tan cotidianas como la obtención de certificaciones de nacimiento, matrimonio o defunció. Los datos de carácter personal relativos al estado civil de las personas quedarán en manos de personal privado, no sometido a las garantías de secreto que obligan a los empleados públicos».
El cierre judicial de los Registros Civiles supondrá además la desaparición de unos 3000 puestos de trabajo en la Administración de Justicia y la reubicación a través de procesos de movilidad forzosa del personal que vea desaparecer su centro de trabajo.
El Registro Civil es un servicio público fuertemente arraigado en la sociedad, que se viene desempeñando con altas cotas de eficacia y en el que solo oscuros intereses económicos justificarían la propuesta del gobierno que está llevando a cabo las negociaciones para el traspaso a los Registros de la Propiedad con total secretismo y falta de transparencia.
Los trabajadores de la administración de justicia solicitan que «el Registro Civil siga siendo un servicio público, universal, gratuito y cercano al ciudadano e invitamos a la ciudadanía en general a que se una a las movilizaciones contra su privatización».
La concentración tendrá lugar el jueves, 27 de febrero, de 11:00 a 11:30 horas y coincidirán con las que se celebrarán en el mismo día y hora en los registros civiles de toda España.