Organizaciones ciudadanas de la provincia de Sevilla, entre las que se encuentra Facua Sevilla y el sindicato CCOO, han impulsado una Plataforma contra el Proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial y Ley de Demarcación y Planta Judicial.
Para Facua, la medida, que entre otras cosas pretende suprimir los juzgados de las localidades y centralizarlos en la capital, obligaría a la ciudadanía a trasladarse a Sevilla capital, así como a privatizar los registros civiles.
Entre las entidades participantes en este frente común están las asociaciones de consumidores y usuarios (FACUA Sevilla, UCE, Hispalis), de vecinos (Feves), profesionales y judiciales (Adais, ADJP-Fedeajupa); y sindicatos (UGT y CCOO) de Sevilla y su provincia.
Las asociaciones coinciden en la “agresión” que supone para la ciudadanía este nuevo giro de tuerca privatizador de los servicios públicos que socava el principio de independencia judicial y el de inamovilidad de los jueces y magistrados y atenta contra los artículos 24 y 125 de la Constitución Española.
«Se trata de un proyecto que, tras la ley de tasas judiciales, vuelve a cargar sobre la ciudadanía al encarecer este servicio público y hacerlo más dificultoso y lejano, con el fin de incrementar artificialmente las distancias».
Para las organizaciones impulsoras de este frente, la medida se suma a la carrera de obstáculos impuesta sobre la justicia, que disuade al ciudadano de acudir a quienes tiene el deber de proteger sus derechos y libertades.
Las entidades del frente han criticado que continúe legislándose «sin contar con la ciudadanía, máxime cuando dicho proyecto de contrarreforma de la justicia no forma parte del programa electoral del PP, el partido en el Gobierno. A las lamentables consecuencias que conlleva la desaparición de los juzgados y registros civiles se suman la falta de medidas para el personal de estos servicios y el riesgo de una nueva ola de pérdida de empleo público, además de suponer un grave impacto económico en cada una de las localidades en las que desaparecen estos órganos jurisdiccionales (pérdida de profesionales, consumo de las personas que van a los juzgados, etc.)».
«El proyecto del Gobierno de Mariano Rajoy aboca a un modelo indefinido, inseguro, costoso e inacabado, que confronta con las inversiones que se vienen realizando en equipamientos de nuevos edificios judiciales y con el modelo de oficina judicial que hasta ahora se venía implantando, denuncian las promotoras del frente» han manifestado las asociaciones en una nota de prensa.
Para ellos, el proyecto de ley pone «en riesgo el fin y el propósito de las inversiones realizadas, a pesar haberse ejecutado con mucho esfuerzo con motivo de la grave crisis que se viene atravesando».