El portavoz del Gobierno ha recordado que “cuando fue consejero de Vivienda ordenó 63.000 desahucios y el gobierno del PSOE llevó a cabo 33 entre 2009 y 2011 y ahora pretenden dar lecciones.
El portavoz del Gobierno local, Curro Pérez, ha afirmado que “llama poderosamente la atención ver cómo tanto el PSOE como el señor Espadas han pasado de abanderar los desahucios en años anteriores a convertirse ahora en defensores de las ocupaciones ilegales, por lo que les pido un poco de responsabilidad y lealtad institucional en lugar de alentar o justificar actitudes como la ocupación ilegítima de una vivienda pública que muchos sevillanos han solicitado siguiendo los cauces legales”.
Pérez ha recordado que “el señor Espadas cuando era consejero de Vivienda de la Junta de Andalucía ordenó 63.000 desahucios en toda Andalucía y sus compañeros del PSOE llevaron a cabo 33 desahucios entre 2009 y 2011 cuando gobernaban en Sevilla junto a IU, por lo que a los señores García y Medrano también hay que recordarles cómo su añorada Otaínsa inició procesos judiciales para desahuciar a familias en la calle San Bernardo 52 y ahora no tienen reparos en acudir a concentraciones de apoyo a las ocupaciones. Mientras que el alcalde, Juan Ignacio Zoido, dejó claro que no habría desahucios debidos a la imposibilidad de afrontar los pagos por falta de ingresos y así lo ha cumplido. Por lo tanto, no entiendo cómo ahora pretende dar lecciones en materia de vivienda el partido que instauró el desahucio exprés e incluso creó nuevos juzgados para agilizarlos”.
El portavoz del Gobierno local ha afirmado que “no es necesario que el señor Espadas asesore a nadie sobre cómo se deben solicitar legalmente las viviendas, puesto que de eso ya se encargan perfectamente tanto Emvisesa como los servicios sociales del Ayuntamiento. Y hay que recordar que los grandes perjudicados por las ocupaciones ilegales de viviendas públicas son los ciudadanos que las han pedido por los cauces reglamentarios y están a la espera de una adjudicación”.
Por último, Pérez ha indicado que “comprendemos, respetamos y valoramos la labor que debe realizar la oposición, pero tenemos un concepto muy diferente de la labor fiscalizadora de la misma, que desde luego no debe basarse en intentar aprovecharse demagógicamente de algunos asuntos delicados para intentar ganar presencia en los medios, incluso a costa de alentar comportamientos que están fuera de la ley”.