La nueva norma, cuyo grupo de trabajo se pone en marcha ahora, estará lista para su aplicación dentro de un año. El objetivo es garantizar la accesibilidad universal a edificios y transportes públicos, así como en el propio callejero urbano. La norma viene a responder a las demandas de más de 70.000 sevillanos que tienen algún tipo de discapacidad.
Con el fin de hacer cumplir las condiciones mínimas de accesibilidad exigibles en los espacios y servicios de uso público, el Ayuntamiento de Sevilla ha puesto en marcha un grupo de trabajo para llevar elaborar la Ordenanza Municipal sobre accesibilidad, que pretende entrar en vigor a finales de 2009.
El alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, acompañado del delegado de Infraestructuras para la Sostenibilidad, Antonio Rodrigo Torrijos, y de la directora de la Agencia Local de la Energía, Cristina Vega, presentaron ayer la puesta en marcha del grupo de trabajo que elaborará la ordenanza municipal sobre accesibilidad universal de la ciudad de Sevilla
Actualmente, en Sevilla existen 70.000 personas con algún tipo de discapacidad, ya sea de movilidad (un 35,6%), de las que el 3,3% es usuaria de silla de ruedas, de visión (22%) y de audición (20,4%). Además, la ciudad cuenta con cerca de 140.000 personas con más de 65 años, cifra que irá en aumento al incrementarse también la esperanza de vida.
Con esto, más del 10% de la población sevillana, se ven afectadas a diario por las barreras arquitectónicas y psicológicas que imponen las instituciones y la sociedad en general, impidiendo a la misma el desarrollo de una vida independiente. Es por ello, por lo que el ayuntamiento ha decidido seguir actuando en pro de que «Sevilla sea la ciudad de las personas”.
Medidas en busca de una accesibilidad universal
Se estudia regular no sólo la normativa que afecta al transporte y la comunicación sino a otros asuntos como la edificación. La administración local será la primera obligada a cumplir lo dispuesto en la ordenanza en todas sus actuaciones y, en segundo lugar, aquellas personas físicas o jurídicas que se ocupen de proyectar, construir, adecuar y prestar servicios.
La directora de la Agencia Local de la Energía, Cristina Vega, comentó que esta ordenanza municipal «refundirá en un solo texto toda la normativa que tenemos en las distintas delegaciones que atañen a la discapacidad». En la constitución del texto están implicados también Adolfo Lama, el director de Grandes Proyectos, dependiente de la delegación de Urbanismo y Manuel Jiménez, director del área de Discapacidad de la fundación ‘De Sevilla’.
La nueva normativa, propone inicialmente contenidos como “medidas encaminadas a permitir la accesibilidad universal en la ciudad, relativas a las calles, plazas, jardines, vías de acceso o transportes”. Además de contar con medidas encaminadas a permitir la accesibilidad en los edificios, públicos y privados o medidas encaminadas a permitir el acceso a la información.
Supervisión y fondos para la aplicación
Asimismo, el Ayuntamiento pretende crear una ‘Agencia para la Información, Supervisión y Visado de la Accesibilidad Universal’ a la que el ciudadano y la propia Administración podrá dirigirse y desde donde se revisarán las actuaciones realizadas y los proyectos a realizar para asegurarse de que cumplen con la ordenanza. También se pretende establecer un fondo para la accesibilidad.
Con la nueva norma, las empresas que negocien con el Ayuntamiento deberán asegurar que sus edificios y servicios son accesibles y cumplen con la ordenanza. Para delimitar el radio de alcance de la norma, el Ayuntamiento pretende hacer un compendio de instrucciones precisas para todos y cada uno de los elementos que se pretenda incluir.
Principalmente, la ordenanza municipal, deberá ser acatada tanto por los transportes urbanos (autobús urbano, metro, vías y aparcamientos en las vías), los accesos a la ciudad (carreteras, junto con otras administraciones, metro, trenes, aviones), así como por el ámbito de los edificios (accesos, construcción de VPO, adaptación de edificios) y la información (distintos sistemas para discapacitados auditivos, visuales, táctiles o servicios de traducción del idioma de sordos).
Durante las tareas de creación hasta su definitiva redacción, se establecerá una memoria económica “que permita llevar a cabo las modificaciones a las que obliga esta norma y que se ajuste al alcance propuesto en el texto”.
Málaga o Barcelona como referentes
Estas y otras medidas ya funcionan regularmente en ciudades como Málaga, donde se boga por “facilitar a las personas afectadas por cualquier tipo de discapacidad orgánica, permanente o circunstancial, la accesibilidad y utilización de los bienes y servicios de la Sociedad, evitando o suprimiendo las barreras y obstáculos físicos, sensoriales o sociales que impidan o dificulten su normal desenvolvimiento”.
Barcelona, Jerez, Valencia, Granada, Toledo y San Sebastián cuentan también con medidas efectivas en la lucha por conseguir la eliminación de barreras y el desarrollo de una población discapacitada independiente pero integrada en el complejo social.