Arranca el juicio contra los líderes del SAT por la ocupación de la finca militar. El Ministerio Público solicita para los 52 imputados una multa de 1.200 euros por un delito de usurpación de inmueble. La Fiscalía Superior de Andalucía pide siete meses de prisión para ambos.
El juicio contra el parlamentario andaluz de IU y alcalde de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo, el secretario general del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), Diego Cañamero, y otros 52 acusados por la ocupación en el verano de 2012 de la finca ‘Las Turquillas’ en Osuna, donde se ubica la Yeguada Militar del ejército, ha arrancado pasadas las 10:40 horas de este lunes en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) con la ausencia de un total de 51 de ellos, informan agencias.
Tanto Sánchez Gordillo como Cañamero y el resto de los imputados (excepto tres de ellos) permanecen en la plaza que da acceso al Alto Tribunal andaluz arropados por varios centenares de simpatizantes del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), que, megáfono en mano, están haciendo llegar sus consignas al tribunal, ya que éstas se escuchan en la propia sala, presidida por el máximo responsable del TSJA, Lorenzo del Río.
A su llegada, Cañamero ha dicho a los periodistas que éste no se trata de un juicio por una determinada actuación «ilegal», sino que es un juicio «político» del Gobierno. En la misma línea, Sánchez Gordillo ha considerado que hay una «consigna a los fiscales de represión a un sindicato que no se calla, que es rebelde», y ha tildado de «barbaridad» que el Ministerio Público pida para él siete meses de prisión y la Abogacía del Estado un total de dos años de prisión.
La Fiscalía Superior de Andalucía solicita para Juan Manuel Sánchez Gordillo, Diego Cañamero y otro dos acusados en este procedimiento, ambos militantes del SAT, un total de siete meses de prisión por un delito de desobediencia grave. Asimismo, el Ministerio Público pide para Sánchez Gordillo, Cañamero y el resto de los acusados -un total de 52 entre militantes y simpatizantes del SAT- el pago de una multa de 1.200 euros por un delito de usurpación de inmueble, y 100 euros de multa por una falta de daños.