El Fiscal General del Estado y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía han defendido públicamente a la magistrada Mercedes Alaya, que fue increpada por sindicalistas a las puertas de los juzgados de Sevilla.
El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha señalado respecto de lo ocurrido este miércoles a las puertas de los juzgados de Sevilla, donde sindicalistas increparon a la instructora del caso de los ERE, Mercedes Alaya, que se trata de una actitud donde «se sobrepasaron los límites».
Torres-Dulce criticó que miembros de UGT manifestaran su crítica en sede judicial «ante una autoridad judicial que está investigando con la independencia y la imparcialidad necesaria, exigible y constitucionalmente impuesta del Poder Judicial», según recogen agencias.
En los mismos términos se ha pronunciado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que ha calificado de «actitudes cercanas al acoso» los reproches públicos a la magistrada realizados a las puertas de los juzgados. Para el Alto tribunal andaluz, se tratan de unas «injustificables descalificaciones personales dirigidas contra la misma, revelan una falta de aceptación de las reglas básicas de un Estado de Derecho, entre las que se encuentra la independencia judicial y su respeto frente a todo tipo de presiones».
Asimismo, el TSJA ha recordado que el procedimiento penal «tiene cauces suficientes y adecuados para garantizar la defensa de las personas investigadas en una causa penal y manifestar, en su caso, la discrepancia o crítica con cualquier decisión judicial».