El aumento en las tarifas de Tussam ya es oficial, o al menos así lo ha autorizado la Viceconsejería de Economía y Hacienda. Ante el informe negativo de la Comisión de Precios de Andalucía, la consejería pidió nuevos informes a otros organismos que resultaron estar más de acuerdo con al propuesta.

Sevilla Actualidad. En un primer momento, la Comisión de Precios de Andalucía, órgano consultivo de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía rechazó al propuesta pero finalmente, los informes favorables emitidos por la Dirección General de Transportes y la Dirección General de Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales de la Administración andaluza han dado resultado.

Además, esta propuesta también ha contado con la autorización del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía. Según un comunicado de la Consejería de Economía y Hacienda, fue el 12 de diciembre cuando la Dirección General de Transportes de la Consejería de Obras Públicas informó positivamente en cuanto a las tarifas aprobadas por el Ayuntamiento hispalense para Tussam.

Dados estos documentos, contrarios al pronunciamiento de la Comisión de Precios de Andalucía, se elevó la petición de resolución al Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, instancia que aceptó la posibilidad de que la Vicenconsejería de Economía y Hacienda se apartara de las recomendaciones de la comisión, aunque advertía que debía tener en cuenta todas las opciones.

En ese sentido, la Viceconsejería ha atendido casos previos del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en supuestos similares y, finalmente, ha procedido a autorizar las tarifas aprobadas por el Ayuntamiento de Sevilla el pasado 31 de octubre de 2008.

Sin embargo, no todo el mundo está satisfecho con esta decisión, en especial la asociación de consumidores Facua Sevilla que afirma que la Junta de Andalucía convierte a la Comisión de Precios de Andalucía en una «pantomima» al «desoír» su dictamen sobre las tarifas de la empresa municipal de transporte Tussam para 2009.

El portavoz de Facua, Rubén Sánchez, considera que la Consejería de Economía y Hacienda ha solicitado informes a dos entidades más para justificar una decisión que ya estaba tomada, ya que es la primera que esto sucede.

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