Un jurado popular enjuiciará a partir del día 1 de febrero de 2022 en la Audiencia Provincial de Sevilla a un hombre acusado de robar y asfixiar con una toalla hasta causar la muerte de una mujer en el mes de julio de 2020. Tras ello, prendió fuego al colchón donde yacía el cadáver de la víctima «a fin de eliminar cualquier vestigio biológico que pudiera asociarlo al lugar», hechos por los que la Fiscalía reclama para el investigado un total de 30 años de cárcel.
La celebración de este juicio estaba prevista inicialmente para el pasado mes de septiembre, y en este sentido el jurado popular llegó a constituirse, pero finalmente la vista oral tuvo que suspenderse tras el ingreso del acusado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de un centro hospitalario de Sevilla. Ahora, la Audiencia Provincial ha fijado para el día 1 de febrero de 2022 el inicio del juicio con la constitución del jurado popular.
En su escrito de acusación, el Ministerio Público solicita para el encausado 23 años de prisión por un delito de asesinato; cinco años de cárcel por un delito de robo con violencia con la agravante de reincidencia; dos años de prisión por un delito de daños mediante incendio, y el pago de una multa de 360 euros por un delito leve continuado de estafa, así como que indemnice con 60.000 euros a la hija de la víctima en concepto de daño moral y con 10.536 euros al propietario de la vivienda por los daños materiales causados.
La Fiscalía relata en su escrito que los hechos tuvieron lugar el día 20 de julio de 2020, cuando el acusado consiguió hablar con la fallecida a través de una página de contactos donde la misma se anunciaba, concertando ambos una cita para mantener relaciones sexuales a las 18:00 horas de ese mismo día. Por motivos de seguridad, la víctima le indicó únicamente la zona en la que se ubicaba la vivienda donde se iba a realizar el contacto, desplazándose el investigado hasta dicha zona «con el designio, puesto que carecía de metálico para abonar el servicio sexual, de enriquecerse apoderándose de cuantos efectos de valor pudieran hallarse en la vivienda en que fuera atendido».
Muerte por asfixia mecánica
El Ministerio Público precisa que fue sobre las 17:50 horas cuando, ya en la zona indicada, la mujer facilitó al investigado el nombre de la calle, aunque no el número, que se lo remitió por whatsapp a las 17:57 horas. Así, y tras franquearle la puerta, el acusado fue invitado por la fallecida a ducharse en el baño contiguo al dormitorio principal donde iba a tener lugar la relación, para lo que le facilitó una toalla.
Según expone el fiscal, el investigado, tras ducharse, accedió a dicho dormitorio, echándose entonces la mujer sobre la cama a fin de practicar el acto sexual, de modo que el encausado aprovechó «la situación de indefensión que aquella presentaba y el supuesto propósito de la visita para, colocándose encima de ella y anudándole al cuello una toalla, proceder a presionar el mismo con objeto de darle muerte hasta producírsela por asfixia mecánica, empleando para ello tal fuerza física que llegó a fracturarle la primera costilla de ambos lados».
Seguidamente, y según el relato del Ministerio Público, el acusado se hizo con los dos teléfonos móviles de la mujer y con una cartera que contenía su documentación personal y su tarjeta de crédito, tras lo que, «a fin de eliminar cualquier vestigio biológico que pudiera asociarlo al lugar», recogió una toalla que había empleado y, usando un medio no determinado, prendió fuego al colchón donde yacía el cadáver, abandonando a continuación la vivienda.
La Fiscalía asevera que el acusado actuó «con absoluto desprecio del riesgo» que su acción «pudiera entrañar para la vida o integridad física de las personas, al tratarse de una zona densamente poblada, si bien no consta que lo produjera de hecho», siendo los vecinos los que avisaron sobre las 19:32 horas de ese mismo día al Servicio de Extinción de Incendios, que halló a la víctima sobre la cama con quemaduras de tercer grado.
En el periodo comprendido entre que abandonó la vivienda y hasta que fue detenido por la Policía a las 21:40 horas del día 21 de julio, el investigado, «guiado asimismo de un ánimo de ilícito beneficio, se sirvió» de la tarjeta de crédito de la víctima, «fingiendo ser su legítimo titular», para abonar en un total de 16 ocasiones distintas compras y consumiciones en diversos bares, ascendiendo a 195 euros el importe de lo gastado con cargo a la cuenta de la que la fallecida era titular, según el Ministerio Público.