EQUO Sevilla defiende la huelga de 48 horas que los trabajadores de Mercasevilla han puesto en marcha debido a los 129 despidos y la privatización, que con la externalización se efectúa, de otros 39 puestos de trabajo más.
La formación ecologista ha declarado que «la sociedad Mercasevilla cuenta con la participación mayoritaria del Ayuntamiento de Sevilla, es decir, que a pesar de ser una sociedad mixta, la corporación municipal tiene en sus manos un margen muy amplio de decisión para no destruir estos puestos de trabajo. Sin embargo, en el Ayuntamiento que preside Zoido no sólo han optado por el despido, también por la privatización».
Desde EQUO Sevilla denuncian «el mal uso y gestión de las empresas públicas». Así, Marina Agraz, coportavoz de la organización en Sevilla, entiende que “lo público puede ser igual, incluso más, eficiente que lo privado, sino es así en la práctica es porque no hay una voluntad política por gestionar para todos, sino que se gestiona desde intereses particulares. PP, PSOE e IU ya nos han demostrado su gestión de Mercasevilla”.
La coportavoz de EQUO Sevilla ha hecho referencia, en nota de prensa, «al caso de corrupción en el que la jueza Alaya acusó a Antonio Torrijos (IU), quien fue teniente alcalde en el Ayuntamiento de Sevilla y Presidente de Mercasevilla, de fraude y prevaricación en la adjudicación indebida en el concurso de la venta de suelo público del mercado central de abastos» y recuerdan que «adjudicó el suelo a una empresa que ofrecía una cantidad económica menor que otra que también se presentaba a concurso».
EQUO Sevilla rechaza el argumento «de que las empresas públicas son menos rentables que las privadas para justificar las privatizaciones» y entiende que «las pérdidas en ingresos no vienen porque lo público sea peor, sino porque los políticos tradicionales, que miran para sí mismos y no para la ciudadanía, gestionan desde intereses particulares. Mercasevilla cerró durante la gestión de Torrijos como presidente de la entidad en 2009 con pérdidas de más de 4 millones de euros. Con la adjudicación del suelo a la empresa favorecida por Torrijos, el Ayuntamiento de Sevilla dejó de recibir 52 millones de euros».