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“Emvisesa pone por delante de los inquilinos que decidieron volver a la barriada contratos que aumentan sus rentas y confunde a los que optan por seguir en los pisos de realojo planteándoles como única opción la venta”.

El portavoz del PSOE, Juan Espadas, se ha reunido hoy con una representación de vecinos de la barriada de Nuevo Amate en respuesta a la reunión solicitada y que han hecho extensiva también al alcalde, aunque aún no han obtenido respuesta.

El objetivo de los vecinos es trasladar la inquietud que vienen padeciendo desde que se acabó la obra de construcción de la barriada y Emvisesa contactó con ellos para concretar el procedimiento de vuelta o, en su caso, las condiciones en que podrían seguir viviendo en los pisos de realojo que vienen ocupando desde hace algo más de dos años, principalmente en Pino Montano.

Según los datos del PSOE, de las 220 familias afectadas, 71 manifestaron su voluntad de volver a Nuevo Amate una vez terminara la actuación, mientras que la opción mayoritaria de los inquilinos se inclinó por mantenerse en los pisos de realojo, con las mismas condiciones de renta que tenían en sus anteriores viviendas.

Los socialistas presentaron en mayo pasado una moción en la que se instaba al Gobierno local a reconocer la validez de los contratos suscritos con Emvisesa tanto para los vecinos que vuelvan a Nuevo Amate como para los que se queden en los pisos de realojo. Este punto de la moción fue aprobado por unanimidad.

Sin embargo, los vecinos han denunciado hoy a Espadas presiones por parte de Emvisesa que alteran sustancialmente las condiciones acordadas y, por tanto, el acuerdo plenario asumido por el Ayuntamiento.

De entrada, Emvisesa está poniendo por delante a los vecinos que vuelven a la barriada unos contratos “en los que se sube de forma encubierta la renta social mensual de partida a través de la obligación de asumir el IBI, así como con la inclusión de una cláusula por la que tendrán que pagar –aparte de la cuota de comunidad- la parte proporcional del gasto derivado de la administración, mantenimiento y conservación de las instalaciones, elementos y servicios comunes del edificio, cuando estos trabajos deben corresponder al propietario y no a los inquilinos”.

En el caso de las familias que decidieron quedarse en el piso de realojo y que así lo hicieron constar al principio del proceso, Emvisesa mantiene versiones contradictorias y desinformación en relación a la calificación que tienen los pisos y la imposibilidad de que puedan seguir usándose en régimen de alquiler cuando supuestamente están calificados como venta. Los vecinos denuncian presiones en un doble sentido: o para abandonar estos pisos o para forzar la compra. En cualquiera de los casos, se incumplen radicalmente las condiciones pactadas con los vecinos.

En este segundo caso, los contratos tendrán que empezar a firmarse en septiembre próximo por lo que Espadas pide a Zoido que para entonces, “haya recibido, escuchado y aclarado punto por punto cada una de las incógnitas que, lejos de aclarar, aún enredan más en Emvisesa, donde no están recibiendo la atención que merecen”.

Así, el socialista insta a Zoido a aclarar la calificación de los pisos de realojo y, “en el caso de que sean en venta, si el Ayuntamiento ha pedido ya el cambio de calificación para permitir a los vecinos que permanezcan en ellos en las mismas condiciones”. “De igual forma, debe hacer valer las condiciones de renta pactadas con los vecinos, así como despejar la duda que originan los nuevos contratos sobre la posibilidad de que los cónyuges e hijos puedan seguir haciendo uso de la vivienda familiar en caso de que falte el titular, un derecho con el que contaban en Regiones Devastadas y que ahora peligra”, concluye Espadas.

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