Esta medida permitirá casi triplicar el número de familias sevillanas beneficiarias y menores atendidos respecto a 2012.

Los municipios de Sevilla percibirán cerca de un millón de euros más para ayudas económicas familiares debido al convenio de colaboración, enmarcado en el Decreto de medidas extraordinarias para la lucha contra la exclusión social de la Junta, que la delegación territorial de Salud y Bienestar social firmará los próximos días con los alcaldes de 17 municipios de la provincia de Sevilla y el presidente de la Diputación en representación de los municipios de menos de 20.000 habitantes.

Este dinero estará destinado a familias que lo necesitan para atender las necesidades básicas de menores a su cargo y que carecen de recursos económicos suficientes para ello.

La delegada territorial de Salud y Bienestar Social de Sevilla, Francisca Díaz Alcaide ha informado este martes, en la sede de la delegación territorial, sobre el contenido de este convenio de colaboración, enmarcado en el Plan Extraordinario de Solidaridad y Garantía alimentaria para 2013 en Andalucía, que permitirá la distribución de 905.834 euros en toda la provincia de Sevilla con lo que casi se triplicará el número de familias sevillanas beneficiarias respecto a 2012, ascendiendo este año aproximadamente a 3.585 y los menores atendidos a 7.200.

Este dinero irá destinado a ampliar las Ayudas Económicas Familiares, prestación complementaria de los Servicios Sociales Comunitarios, temporales y de carácter preventivo, que se concederán a las familias para la atención de las necesidades básicas de menores a su cargo, especialmente de crianza y alimentación, higiene, vestido y calzado, cuando carecen de los recursos económicos suficientes para ello.

La delegada, Francisca Díaz, ha explicado que estas “son ayudas dirigidas a la prevención, reducción o supresión de factores que generen situaciones de dificultad social para los menores con el fin de favorecer su permanencia e integración en el entorno familiar y social, evitando así situaciones de desprotección que pudieran producirse de continuar las mismas circunstancias”.

Las cantidades asignadas por municipio son Sevilla 320.776,45 euros; Diputación de Sevilla (en representación de los municipios de menos de 20.000 habitantes) 280.119,85; Alcalá de Guadaíra 34.951,09; Bormujos 10.637,42; Camas 12.038,87; Carmona 13.415,89; Coria del Río 13.694,10; Dos Hermanas 61.388,54; Écija 19.327,06; Lebrija 13.047,51; Mairena del Alcor 10.333,93; Mairena del Aljarafe 20.379,80; Morón de la Frontera 13.227,94; Los Palacios 18.597,02; La Rinconada 18.014,35; San Juan de Aznalfarache 9.924,76; Tomares 11.548,55 y Utrera 24.411,24.

Requisitos de los solicitantes

Los solicitantes de las ayudas deberán cumplir ciertos requisitos: residencia en el término municipal; insuficiencia de recursos económicos en el hogar donde el menor resida o se reintegre, acreditando el cumplimiento de los requisitos establecidos; existencia de necesidades básicas del menor que deban ser cubiertas; cuando además existan disfunciones educativas y psicosociales, que puedan suponer un riesgo para el desarrollo integral de los y las menores, será requisito imprescindible, la existencia y aceptación por parte de la familia de un Proyecto de Intervención Familiar, que contribuya a superar la situación y la valoración de un pronóstico positivo sobre la resolución de la problemática detectada, entendiendo como tal, la existencia de predisposición o voluntad para la atención adecuada de las necesidades de los y las menores salvo otras circunstancias debidamente motivadas en el informe social.

Las familias que cumplan con estos requisitos podrán recibir ayudas económicas dinerarias o en especie, de carácter periódico o único, y se destinarán a la cobertura de necesidades básicas, entendiendo por estas la adquisición de alimentos, ropa, calzado, productos de aseo personal e higiene doméstica, provisión de leche de continuidad, así como de medicamentos, que requerirán en todo caso de prescripción médica; otras necesidades como pañales, material escolar no financiado por la consejería de educación, acceso a recursos educativos que desempeñen una función de integración de la persona menor; así como también serán susceptibles de financiación los gastos derivados de transporte u otros que así se recojan motivadamente en la prescripción del Informe Social.

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