La implantación de esta nueva tecnología debe conllevar una nueva ordenanza que contemple el principio de precaución para la Salud de los efectos de los campos electromagnéticos.
Según Ecologistas en Acción, la nueva ordenanza no acata las recomendaciones del Parlamento Europeo, el Consejo de Europa y la Agencia Europea de Medio Ambiente dejando así el principio de precaución de los efectos de la contaminación electromagnética “a merced de lo que ponga la ley estatal de telecomunicaciones, ley del 2001 que sigue sin recoger las recomendaciones de los distintos organismos internacionales”.
“El Ayuntamiento estaría realizando una dejación de funciones respecto a los intereses de la ciudadanía y de sumisión ante los de las grandes empresas de telecomunicaciones que antepone los intereses económicos a los de la salud cuando se prevé un aumento de las radiaciones tras la implantación de la tecnología de cuarta generación (4G)”, ha asegurado la confederación de ecologistas.
Esta nueva tecnología conlleva una preocupación social sobre los riesgos para la salud por la exposición a campos electromagnéticos, por ello Ecologistas en Acción han denunciado que el Ayuntamiento de Sevilla “realice de una manera tan descarada una dejación de sus competencias respecto a la salud y calidad de vida de los/as sevillanos/as”.
Sobre la nueva ordenanza la formación ha reconocido que incluye algunas mejoras pedidas históricamente por parte de las entidades sociales como disponer de un Plan de Implantación, para su público conocimiento, fomentando asimismo la compartición de infraestructuras, como mecanismo eficaz de reducción del impacto visual y las relativas a las afecciones al paisaje así como mejoras en el control técnico y de seguridad de las instalaciones.
Sin embargo, en la modificación puntual 04 del PGOU propone que se puedan instalar antenas en edificios con niveles de protección A (protección integral), B y C (protección parcial grado 1), así como en equipamientos.
Es por ello que han replicado que “existen suficientes argumentos científicos, jurídicos y sociales para que el Ayuntamiento de Sevilla en el ejercicio de responsabilidad política respecto a sus obligaciones en materia de prevención y salud no tenga en cuenta las recomendaciones de la SATI-FEMP y tenga en cuenta lo aportado por las entidades sociales”.
Desde el Parlamento Europeo, el Consejo de Europa y la Agencia Europea de Medio Ambiente se ha trasmitido a los 27 estados miembros de la Unión Europea se ha transmitido la necesidad “urgente” de poner en marcha medidas precautorias para proteger a la población de este factor de riesgo. La Organización Mundial de la Salud (OMS), los campos electromagnéticos de radiofrecuencia como «posible cancerígeno en humanos»; El Consejo de Europa aprobó (27 de mayo de 2011) la resolución 1815 instando a adoptar de inmediato las medidas necesarias y oportunas para reducir la exposición de los ciudadanos a todo tipo de radiaciones electromagnéticas.
“Existen abundantes estudios científicos independientes que señala inequívocamente que los niveles de contaminación electromagnética a los que está expuesta hoy la población son inaceptables y suponen un riesgo grave para la salud”, han afirmado.
Por último, Ecologistas en Acción han dejado claro que no se oponen a esta tecnología ni al uso de teléfonos móviles. “Simplemente, debido a los posibles efectos adversos sobre la salud humana, paisajísticos y medioambientales solicitan que las antenas se instalen en la periferia de la ciudad, medida que es técnicamente posible asegurando una cobertura adecuada de la señal, aunque más cara para las empresas implicadas”.