A la espera de recibir un estudio técnico para valorar el estado real de la estructura arquitectónica de la iglesia de Santa Catalina, el arzobispo Asenjo indica que «todo parece indicar que el templo no corría ni corre peligro».
La empresa Geotecnica y Cimientos SA (Geocisa) se encarga en estos momentos de acometer un estudio técnico con levantamiento gráfico y cuantificado de las patologías actuales y un control monitorizado de movimientos del conjunto arquitectónico que remitirá a la Archidiócesis de Sevilla para resolver la restauración integral de la iglesia de Santa Catalina. El objetivo de las actuaciones es conocer el estado real del monumento para diseñar su restauración integral, extremo cuya financiación aún deben resolver la Archidiócesis y las instituciones públicas.
El arzobispo de Sevilla, Juan José Asenjo dice que la Archidiócesis tiene «fondos propios» para la restauración toda vez que afirma que el Ayuntamiento de Sevilla habría comprometido 270.059,46 euros y a la Junta de Andalucía 93.490,16 euros para llevar a buen término las tareas de recuperación del templo. Asimsimo, ha recordado que La Caixa también participará en la restauración con entre 100.000 y 200.000 euros, merced a un convenio con la entidad financiera.
Asenjo, ha afirmado este viernes en el marco de unos ‘desayunos informativos’ que espera que el estudio contratado a Geocisa se analice a finales de mayo. No obstante, avanza que la empresa a la que se han encomendado estos trabajos, con la dirección del arquitecto Francisco Jurado, no ha detectado movimientos en la estructura arquitectónica del inmueble. Dicho esto, Asenjo ha indicado que «todo parece indicar que el templo no corría ni corre peligro».
Una vez concluya el informe final sobre Geocisa, la Arhidiócesis prevé «encargar el proyecto (de obra) definitivo», cuyo coste será «inferior» a lo inicialmente previsto dada la ausencia de incidencias graves en la estructura arquitectónica del templo. La recuperación de la iglesia de Santa Catalina, templo gótico mudéjar declarado monumento nacional en 1912 y Bien de Interés Cultural (BIC) en 1985, ha sido objeto de controversia en Sevilla desde su cierre a la ciudadanía hace ocho años.
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