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Un juzgado de Sevilla ha imputado a cinco directivos de la antigua Cajasol, entre ellos el ex presidente, Antonio Pulido, por la «posible infracción penal» en la venta de suelos en Dos Hermanas, después de la denuncia de la promotora, que reclama 34 millones de euros.

El Juzgado de Instrucción número cinco de Sevilla ha resuelto la imputación de seis personas, directivos de la antigua Banca Cívica y CaixaBank, entre las que figura Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol y máximo dirigente de la citada y extinta caja de ahorros, según informan agencias. La decisión del juzgado se produce en virtud de una denuncia impulsada por la sociedad limitada unipersonal (SLU) ‘Urbanizadora Rojas’ contra la antigua caja de ahorros Cajasol, debido a la operación de compra de los terrenos BP5 del desarrollo urbanístico de Entrenúcleos, en Dos Hermanas.

El Grupo Inmobiliario Ferro, al que pertenece la Urbanizadora Rojas, explica en la denuncia que Cajasol, como propietaria de los terrenos, le «impuso» la adquisición de un «activo tóxico» como una de las soluciones a los problemas financieros que tenía la promotora. Según la denuncia, la empresa Ferro fue presuntamente «obligada a comprar dicho terreno a un precio superior a lo permitido por Ley en casi cuatro millones de euros».

«Cajasol, a pesar de la prohibición de vender terrenos destinados a la construcción de viviendas de protección a un precio superior al establecido por Ley, procede a la imposición de la compra a Ferro a un precio muy superior, aprovechando la situación de desesperación y ahogamiento financiero de la empresa y bajo el engaño de que era la única solución para generar recursos para atender su endeudamiento», señala la denuncia, recogida por agencias.

De este modo, la promotora denuncia que fue engañada en la concesión de un crédito de 27 millones a final de 2010 para construir 278 viviendas en Entrenúcleos, un aspecto que nunca se llevó a cabo, lo que constituye una «estafa» a juicio de Ferro. Así, Ferro reclama a Cajasol 34 millones de euros en conceptos de daños y perjuicios por incumplir las condiciones de disposición del préstamo acordado, algo «fundamental para la aceptación de la compra del terreno de referencia». El juez ha iniciado la imputación de estos directivos después de apreciar «la posible existencia de una infracción penal». Por su parte, los directivos dicen sentirse «tranquilos» y aseguran que la empresa Ferro denunció porque «se produjeron dos denegaciones de crédito, ya que no cumplían con las garantías».

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Equipo de redacción de Sevilla Actualidad

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