Torrijos reclama una comisión de investigación para esclarecer el caso y critica que Emvisesa pretenda desalojar a una decena de familias de sus pisos, en Sevilla Este, después de habérselos entregado sin que hayan dejado de pagar sus rentas.
El portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Rodrigo Torrijos, ha denunciado este martes la “inaceptable estrategia de acoso y amedrentamiento” que la empresa municipal de vivienda, Emvisesa, viene ejerciendo desde hace varios meses contra una decena de familias a las que pretende desalojar de los pisos que les adjudicó en régimen de alquiler en el verano del año pasado, a pesar de que no han dejado de pagar sus correspondientes rentas de arrendamiento.
Torrijos, que ha comparecido ante los medios de comunicación acompañado por dos vecinos afectados, ha mostrado su perplejidad ante lo que ha tildado de “escándalo mayúsculo”, argumentando que no es normal que el Gobierno local se proponga expulsar a estos vecinos de sus casas, alegando la ausencia de contratos, después de haberles entregado las llaves de las viviendas, del portal y del garaje, además de facilitarles la cédula de habitabilidad y los números de cuenta a dónde ingresar el importe de la comunidad y del alquiler.
Asimismo, los inquilinos han expresado públicamente su malestar por el “maltrato sistemático” que dicen estar recibiendo por parte de Emvisesa, a la que han acusado de llevar a cabo prácticas intimidatorias, a través de llamadas telefónicas y cartas amenazantes, la interposición de denuncias y el envío de la Policía al bloque para identificar a las familias. Todo ello con el objetivo de atemorizar a estas personas y forzar su salida de estas viviendas, las cuales se encuentran ubicadas en la manzana M.C. 1.2, sita entre las calles Profesor Manuel Clavero, Periodista Eduardo Chinarro Díaz y Andrés Martínez León.
Al hilo de esto, Torrijos ha criticado el “inhumano escrache” protagonizado por el Gobierno de Zoido contra una serie de familias humildes que, según ha precisado, proceden en su inmensa mayoría de situaciones de desahucio y que, además, formaban parte del listado de solicitantes de viviendas protegidas de Emvisesa cuando se les comunicó que habían resultado adjudicatarias de un piso en alquiler.
Torrijos ha anunciado que su fuerza política elevará una moción al próximo Pleno del Consistorio, en la que, de un lado, reclamará la convocatoria urgente del Consejo de Administración de Emvisesa, a fin de que el Gobierno del PP dé cuenta allí de lo ocurrido en las viviendas referidas y, de otro, solicitará también la apertura de una Comisión de Investigación, con presencia de todos los grupos políticos, al objeto de esclarecer lo acontecido en estas adjudicaciones y depurar las posibles responsabilidades políticas y administrativas en las que se haya podido incurrir.
Según ha aseverado Torrijos, el principal objetivo de IU es que “los vecinos se queden en sus casas”. “Ellos se encuentran al día de sus rentas, sus domicilios aparecen reconocidos en el censo electoral y sus hijos están escolarizados en los colegios de la zona. Por tanto, no tienen por qué pagar los errores o negligencias de Emvisesa”, ha subrayado el portavoz municipal de la federación de izquierdas, quien ha terminado culpando al Gobierno del PP de los problemas psicológicos y de la “pesadilla” que estas familias vienen padeciendo desde hace meses como consecuencia de las injustificables presiones de Emvisesa.