El Ayuntamiento de Sevilla tiene ya luz verde para la creación del Consejo Sectorial de la Memoria Democrática tras la aprobación definitiva de su reglamento por parte del Pleno municipal, con el objetivo de consolidar la participación de entidades en iniciativas memorialistas en favor del bando republicano.
El Pleno lo ha aprobado esta semana con los votos a favor de la práctica totalidad de los grupos políticos con representación. Se tratará de un órgano municipal de carácter consultivo con los objetivos principales de defender y promover «los derechos humanos en el ámbito de la memoria histórica», aunque solo en relación con las víctimas de la Dictadura.
El proceso de creación del reglamento y desarrollo de este nuevo órgano ha estado encabezado por la Oficina de la Memoria Histórica de la Delegación de Igualdad, Educación, Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos y ha contado con una «amplia participación de entidades memorialistas y de expertos en la materia».
El reglamento que ha sido ratificado por el Pleno prevé que este órgano consultivo tenga tareas de definición de programas, seguimiento de proyectos y propuestas de actividades relacionadas con personas represaliadas exclusivamente por el bando nacional durante la Guerra Civil, y finalmente por la Dictadura franquista en la ciudad de Sevilla. No se incluirán las víctimas de la II República.
La delegada de Igualdad, Educación, Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos, Adela Castaño, ha declarado que “vamos a trabajando de forma conjunta en busca de la verdad, la justicia y la reparación”.
Entre los objetivos de este Consejo están los de establecer un mecanismo de generación de programas, seguimiento de proyectos, y propuestas de actividades para la divulgación de historias y discursos de personas, grupos o sectores poblacionales que, «por razones de raza, género u orientación sexual», fueron excluidas o represaliadas por el bando nacional.
Según han señalado en un comunicado, se pretende «favorecer la participación de los actores memorialistas dentro del ámbito competencial del Ayuntamiento de Sevilla; potenciar la realización de actuaciones que tengo por objeto la defensa y divulgación de los derechos de las personas represaliadas durante la Guerra Civil Española y la Dictadura franquista; y favorecer la creación de un espacio de encuentro para que las entidades, asociaciones y colectivos de la Memoria Histórica y Democrática de Sevilla puedan desarrollar actividades tendentes a la recuperación de la memoria histórica como patrimonio colectivo, al reconocimiento institucional y social de las personas represaliadas y desaparecidas durante el Golpe de Estado militar y la posguerra».
Respecto al funcionamiento del Consejo, el reglamento delimita una presidencia que corresponde a la alcaldía, una vicepresidencia que se corresponde con la titularidad del área asignada, un secretariado y un pleno, en el que también participarán portavoces de partidos políticos con representación municipal, doce vocales procedentes de entidades memorialistas, y tres representantes de los sindicatos UGT, CCOO y CGT en reconocimiento a su labor en este ámbito. Su nominación coincidirá con los mandatos municipales y su convocatoria tendrá carácter trimestral. Con esta organización se consolida la participación ciudadana en la materia que tiene como precedente la mesa sectorial aprobada en 2017 y los avances del Pleno Municipal particularmente desde 2015. El reglamento se someterá a un periodo de exposición pública y alegaciones antes de su aprobación definitiva y entrada en vigor.
La creación de este Consejo se enmarca en el compromiso del actual gobierno municipal en materia de Memoria Democrática, que se ha traducido en iniciativas como el impulso a los trabajos de la fosa común de Pico Reja, la primera cuya exhumación se acomete en la ciudad de Sevilla, y la de mayor envergadura que se afronta en el conjunto del país. Igualmente, «se han restituido de los trabajadores municipales represaliados y perseguidos por el régimen franquista por sus convicciones ideológicas, se han habilitado líneas de colaboración con las entidades memorialistas y se han eliminado elementos contrarios a la ley de memoria democrática de espacios públicos».