El Juzgado nº3 de Sevilla ha decidido decretar el desalojo de la Corrala Ilusión para el próximo mes de mayo, por lo que 18 familias se quedarían sin hogar.
Según un comunicado difundido por la Corrala Ilusión, el Juzgado nº 3 de Sevilla ha advertido a los miembros que ocupan el edifico ubicado en la calle Lumbreras, que deben abandonar la propiedad de Parque Inmobiliario Costa del Sol SL el mes que viene o “seremos obligadas a ello a la fuerza”.
La Corrala tras conocer la noticia ha mostrado su pesar ya que “el paradigma hoy día sigue siendo el de gente sin casas y casas sin gente, protección de la propiedad privada sin atender al interés social”, y han lamentado que “derechos básicos, reconocidos en las cartas sobre Derechos Humanos, a su vez reconocidas en nuestra constitución, como la alimentación y la vivienda, no son asequibles para buena parte de la población del Estado Español”.
Los miembros de este colectivo han vuelto a reiterar sus motivos por los que decidieron ocupar el edificio “a finales de noviembre de 2012, 18 familias que no podían acceder a una vivienda, entre ellas menores de edad, mayores de 60 años, personas que en algunos casos estaban arruinadas de por vida o que habían perdido hasta los muebles decidieron realojarse en un edificio de viviendas vacío que nunca había estado en venta desde su construcción, que ni siquiera tiene hoy día realizada la acometida de luz de la calle al inmueble, que ha permanecido vacío desde que se reformó hace años”.
El comunicado defiende que las 18 familias habían pasado por todos los servicios sociales y oficinas de ayuda municipal para el acceso a una vivienda “sin obtener ninguna solución; como así lo atestiguan sus informes sociales”, y han asegurado que su situación “obligaba a preguntarse si vivir en la calle, en condiciones infrahumanas, u ocupar unas viviendas abandonadas”.
Los socios dueños del edificio accedieron a reunirse con los portavoces de las familias, para negociar con las familias pero, finalmente, decidieron ampararse en el Estado de Derecho y, según la corrala, mantienen una inicial denuncia que “ya ha dado sus frutos” refiriéndose a la decisión del juzgado que decreta el desalojo del edificio.
“Tras 4 meses viviendo sin suministro de ningún tipo, varias vecinas pasaron por las oficinas del Defensor del Pueblo Andaluz y de la Delegación Provincial de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía y, en fin, por el Juzgado de Instrucción donde se les tomó declaración tras haber denunciado la propiedad la ocupación. Por mucho que se dilate la fase de instrucción de este procedimiento penal que, si bien no suele acarrear penas de prisión, sí de multas y los consecuentes antecedentes penales, las familias ya saben que están en otro sitio o en la calle. Y comprenden que la defensa que ejerce el Estado sobre la propiedad privada es mayor que la que realiza sobre la vivienda”.
Por estos motivos, las familias han considerado que “queda patente desde el momento en que han sido denunciadas por procurarse un techo. La propiedad no ha contestado a los requerimientos del Defensor del Pueblo Andaluz ni de la Junta de Andalucía para sentarse a negociar una solución conjunta”.