La concejala del Grupo Socialista, Susana López, reclama al gobierno del PP que intervenga ya que se “han agravado” los problemas laborales del servicio de ayuda a domicilio, lo que está teniendo una importante incidencia en una plantilla.

Susana López ha mantenido reuniones esta semana con representantes de UGT del comité de empresa de la empresa adjudicataria del servicio de ayuda a domicilio gestionado por el Ayuntamiento de Sevilla, ha denunciado “un empeoramiento de la situación laboral” en las últimas semanas que está derivando en rescisiones de contratos, reducciones salariales de hasta un 15% sin negociación previa e incumplimientos del convenio colectivo.

“Hace un mes, los problemas comenzaron con la decisión de no subrogar a toda la plantilla como estaba previsto. Y después han llegado rebajas salariales sin negociación previa superiores al 15% e incumplimientos del convenio. La situación no sólo está afectando gravemente a los más de 1.500 trabajadores del servicio, también a las prestaciones que reciben más de 4.000 personas”, ha explicado la concejala socialista.

López ha recordado que el conflicto laboral por la decisión de la nueva empresa adjudicataria de no subrogar a toda la plantilla aún no se ha resuelto y de hecho se están anunciando ya despidos. Además, los trabajadores temen que puedan estar preparándose más rescisiones de contratos, y una parte de la plantilla han visto cómo sus nóminas, que en la mayor parte de los casos son inferiores a 1.000 euros, se han reducido hasta en un 15% al aplicarse sin negociación previa los mínimos del convenio nacional en vez de los salarios establecidos en el convenio provincial.

El servicio de ayuda a domicilio fue adjudicado por el gobierno del PP tras un concurso en el que se puntuó con 60 puntos a la empresa que hiciera la oferta económica más baja en los cinco lotes en los que se dividió el contrato. El resultado fue una reducción del gasto presupuestado por parte del Ayuntamiento de casi dos millones de euros ya que la empresa hizo una oferta que rebajaba los precios de salida entre un 5 y un 6%. Esta reducción se ha aplicado directamente a los trabajadores, a través de rescisiones de contratos y de una rebaja salarial sin negociación ni acuerdo previo.

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