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PSOE e IU presentarán una moción conjunta para paralizar la liberación de la lonja sevillana hasta que se conozca el pronunciamiento que tiene que hacer el Parlamento Europeo.

La oposición en el Ayuntamiento de Sevilla, integrada por el PSOE e IU, instarán a través de una moción conjunta que el Gobierno local del PP paralice el procedimiento emprendido para liberalizar los reglamentos de Mercasevilla hasta que el Parlamento Europeo atienda la solicitud del comité de empresa y se pronuncie sobre la necesidad de llevar a cabo o no esta medida, que supondrá la privatización parcial de dicha sociedad pública.

En una rueda de prensa conjunta ofrecida por el concejal socialista Juan Carlos Cabrera y la portavoz adjunta de IU, Josefa Medrano, ambas formaciones han coincidido en que hasta la fecha no consta ninguna directriz o instrucción comunitaria que obligue al Ayuntamiento a embarcarse en un proceso que implicará el despido de casi un centenar de trabajadores –la mitad de la plantilla— y «pondrá en peligro la calidad del servicio que Mercasevilla presta actualmente».

Cabrera criticó que el anuncio de Zoido de «que no iba a haber ni una privatización en los servicios municipales», por eso le insta a que ponga fin a una «campaña de acoso y derribo a los servicios públicos municipales por la que ya han caído Sevilla Global y Giralda TV y, ahora, Mercasevilla». El concejal vinculó esta “campaña de acoso y derribo a los servicios públicos” al nuevo anteproyecto de ley de reforma de la administración pública local que según el informe presentado por el Ministerio de Hacienda en el último Consejo de Ministros «abre las puertas a la privatización completa de Mercasevilla y no sólo de algunos servicios».

Por su parte, la concejal de IU ha criticado la “posición tan cobarde” sostenida por el Gobierno de Zoido en este asunto, recriminándole que, “como en tantas otras ocasiones”, se escude en un “imperativo legal inexistente” para imponer su hoja de ruta a cualquier precio. Por eso, ha considerado justo y prudente esperar a que el Parlamento Europeo dictamine cuál es su postura al respecto, antes de consumar la aprobación definitiva de la liberalización de los servicios de esta sociedad mixta.

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