El Gobierno andaluz se reunirá con la compañía para mediar con la empresa e intentar evitar el despido de 101 trabajadores de su planta en Sevilla.
El delegado del Gobierno de la Junta en Sevilla, Francisco Javier Fernández, la delegada territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Aurora Cosano, y su homólogo de Agricultura, Medio Ambiente y Pesca, Francisco Gallardo, se han reunido con los trabajadores de Cargill para conocer y a analizar las consecuencias que acarrearía el anunciado cierre de la planta que la multinacional tiene en San Jerónimo en la economía sevillana.
Tanto el delegado del Gobierno en Sevilla como los trabajadores, han destacado que a la pérdida de los 101 puestos de trabajo directo se sumarían otras muchas de carácter indirecto. Así, el cierre de la planta supondría importantes afecciones al campo andaluz, ya que la participación de Cargill en la compra de semilla en Andalucía para su planta en Sevilla es del 36% en girasol clásico y del 50´2% en alto oleico, no existiendo en Andalucía otras empresas que puedan asumir tal volumen de molturación con el consecuente impacto en el precio de la semilla así como en los pequeños agricultores que perderían las garantías de comercialización de su producto.
Otros de los sectores que se vería perjudicado es el del transporte, pues actualmente, con la planta a pleno funcionamiento, el movimiento de camiones es de unos 150 diarios. A esto se une que –según fuentes del comité de empresa- Cargill es la primera planta industrial de Sevilla capital en consumo de electricidad, gas, impuestos municipales y vertidos. Los trabajadores han denunciado el abandono del negocio por parte de la empresa y señalan como punto de inflexión el cierre de la refinería en el año 2010, momento en el que, aseguran, empieza a descender el embotellado de aceite de girasol en Cargill, pasando de ser la segunda empresa en el mercado nacional a prácticamente desaparecer.
Asimismo, no encuentran justificadas las causas productivas que alega la empresa para el cierre, defendiendo la viabilidad de la misma, ya que sus ganancias en España ascendieron a 17 millones de euros el pasado año, y sitúan los verdaderos motivos del cierre en la deslocalización y su marcha hacia otros mercados más competitivos. En este punto, el delegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Javier Fernández, se ha comprometido a pedir a la empresa los datos que justifiquen las citadas causas productivas que la han llevado a tomar la decisión del cierre y, en el caso de que éste sea irreversible, a luchar por que los trabajadores consigan las mejores condiciones posibles.
Para ello la delegada de Economía, Aurora Cosano, mantendrá un primer contacto con la multinacional el próximo jueves en calidad de autoridad laboral, y ofrecerá –al igual que ha hecho con los trabajadores- su labor de mediación para que las partes acerquen posturas y el cierre sea la última de las opciones. En este sentido, los trabajadores han insistido en la posibilidad de una venta que reabsorbiera los 101 puestos de trabajo.