Las organizaciones representativas del sector agrario de Sevilla -ASAJA-Sevilla, COAG Sevilla, UPA Sevilla y Cooperativas Agro-alimentarias de Sevilla-han convocado a los agricultores y ganaderos sevillanos para participar en la concentración que se celebrará en la plaza de España de Sevilla el próximo 15 de abril en contra de la convergencia brusca de la PAC.

Agricultores y ganaderos piden la retirada del Real Decreto 41/2021 de Convergencia de la PAC para 2021 y 2022, «por el que 80.000 agricultores andaluces perderán al menos un 10% de sus ayudas de la PAC en dos años, y la mitad de ellos, 40.000, sufrirán pérdidas de entre el 20% y el 50% de los importes; y en el caso concreto de la provincia de Sevilla el 60,5% de los agricultores verán reducidos sus importes», denuncian. «De ellos, 9.200 perderán más de un 10% y en torno a 3.900 perderán por encima del 20%».

El Real Decreto 41/2021 supone la antesala de la reforma que comenzará a aplicarse a partir de 2023, todavía en fase de negociación. Esta supondrá pasar de las 50 regiones actuales, reconocidas en la reforma 2014-2020, a las cinco o siete que prevé el Ministerio de Agricultura.

«Este organismo impulsa un modelo de tasa plana que persigue eliminar los derechos nominativos de los agricultores y permitir la entrada en el régimen de ayudas de superficies que, salvo excepciones, nunca han producido», denuncian.

Pérdidas del 50% para los preceptores

Las organizaciones denuncian que «se trata de un cambio brusco, no exigido en estos términos por la Comisión Europea, y que en el peor de los escenarios puede conllevar pérdidas de alrededor del 50% de los 1.300 millones de euros que reciben actualmente (entre pago básico y pago verde) los más de 232.000 perceptores de Andalucía». Además, insisten en que «entre 54.000 y 120.000 de esos perceptores pueden quedar fuera del sistema de ayudas». En el caso de Sevilla «los efectos de este brusco giro provocarían pérdidas de más de 180 millones de euros».

«Las pérdidas afectan en mayor medida a aquellos profesionales que más han invertido -en regadío, tecnología, maquinaria, mejora de explotaciones y/o formación- y que son los que han generado unos derechos más altos».

Según los convocantes, la propuesta es «muy perjudicial para la primera región agraria de España», con el 34% de los perceptores de ayudas PAC. Señalan que la comunidad aporta el 37% del Valor Añadido Bruto (VAB) agrario a la economía española. Además, este sector da empleo a más del 8% de la población ocupada andaluza (más del doble que la media nacional).

«Todos estos desajustes se producen en un contexto en el que siguen sin solución la mayor parte de los problemas que hace ahora un año llevaron al sector agrario a las carreteras».

Agricultores y ganaderos denuncian que continúan sin contar con medidas que «permitan reducir sus costes, siguen con los precios de sus producciones por los suelos, siguen soportando la especulación y la falta de equilibrio de la cadena agroalimentaria así como la competencia desleal derivada de la entrada de productos de terceros países sin ningún control». Destacan, además, estar sufriendo de manera cada vez más frecuente «ataques continuos e injustificados» contra su actividad.

Un decreto «innecesario»

Asimismo, las organizaciones agrarias convocantes de la movilización han mostrado su rechazo al Real Decreto 41/2021 de convergencia «por ser innecesario, porque condiciona el futuro de muchos agricultores y ganaderos en Andalucía y en Sevilla, y porque determina claramente las negociaciones de cara a la nueva PAC». Por ello, instan al ministerio a que se retire «para continuar con el ritmo de convergencia paulatino que se había acordado para el periodo actual».

Por otro lado, exigen una serie de condiciones al ministerio para la nueva PAC de 2023. En este caso, solicitan que «respete el modelo actual con el mayor número de regiones posible, evite la eliminación de derechos, reformule la redacción de la definición de agricultor genuino, para evitar la expulsión de muchos agricultores y ganaderos del campo, y por último, adecue los nuevos ecoesquemas a la realidad productiva para frenar una mayor pérdida de renta de los agricultores y ganaderos».