Reclama al Consistorio 17 millones de euros por la entrega “en estado ruinoso” de tres edificios en la Isla de la Cartuja con un retraso de dos años y medio.
La compañía andaluza de ingeniería y construcción Detea ha presentado hoy ante el Servicio de Patrimonio del Ayuntamiento, como fase obligada antes de acudir a los tribunales, la demanda contra el Ayuntamiento de Sevilla por incumplimiento de los contratos firmados en año 2008 para la compraventa de tres parcelas, con sus correspondientes edificios, en la Isla de la Cartuja.
Se trata concretamente de las parcelas SC-5, SC-3.1 y SC-4, y sus correspondientes edificios S-1, C-1, y C-3, ubicados todos ellos en la banda de servicios y próximos al apeadero del tren de cercanías. Estos edificios alojaban las dependencias principales de la Policía Local, entre ellas las oficinas del Delegado de Movilidad y el Centro de Control de Tráfico de la ciudad de Sevilla.
La demanda, cuyo valor asciende a 17,1 millones de euros, se produce tras los numerosos intentos que ha realizado Detea de contactar tanto con el alcalde como con el concejal y delegado de Urbanismo del Ayuntamiento, todos ellos sin éxito, y obedece a la entrega de dos edificios en estado prácticamente ruinoso así como al retraso de dos años y medio en la recepción de los mismos, sostiene la compañía en nota de prensa.
“El ayuntamiento ha realizado la entrega de uno de ellos en estado de ruina, concretamente el edificio C-3, antigua sede de la Delegación de Movilidad Ciudadana del Ayuntamiento de Sevilla – Policía Local y el otro, el edificio C-1 de oficinas y taller de vehículos de la policía, en un estado lamentable y que presenta graves desperfectos”, sostiene.
Tras la presentación de oferta relativa al concurso público convocado en 2006 por la Gerencia Municipal de Urbanismo, Detea resultó adjudicataria de los edificios en Junio de 2007, formalizando con el Ayuntamiento de Sevilla la compraventa de estos edificios el 11 de enero de 2008. Detea se adjudicó estos edificios por un importe total de 23,6 millones, correspondiendo 7,3 millones al edificio S-1, 5,3 millones al edificio C-1 y 9,6 millones al edificio C-3. Todas estas cantidades fueron satisfechas al Ayuntamiento.
El acuerdo estipulaba que el Ayuntamiento seguiría haciendo uso de los tres edificios durante un plazo máximo de dos años, tras los cuales debería de entregar los edificios comprados por Detea. En el supuesto de que hubiera algún retraso, el contrato contemplaba una indemnización de 13.000 euros mensuales en el caso de los edificios S-1 y C-3, y de 10.000 mensuales por el edificio C-1.
En su demanda, Detea pone de manifiesto que la entrega de dos de los tres edificios se ha realizado dos años y medio después de lo establecido en el contrato, que suman casi cinco años desde la adquisición si se le suman los años de prórroga, “lo que ha ocasionado a Detea un notable perjuicio, dada la situación actual del mercado inmobiliario y financiero, que imposibilita un normal desarrollo de la operación fijada en el año 2007”.
Asimismo, subraya que el Ayuntamiento de Sevilla “ha hecho una dejación absoluta en su compromiso de conservación de estos edificios, particularmente en el C-3, anterior sede de la delegación de movilidad y control de tráfico, entregado a Detea en estado de casi ruina, y reducido en la práctica a un montón de escombros después de una inversión de casi diez millones en ese edificio, ya abonados por Detea”.
“Detea realizó una compra de los edificios por tanto en enero de 2008 con entrega posterior y se encuentra que le entregan unos edificios en estado de ruina o semirruina y en un plazo que sobrepasa cualquier expectativa de retraso razonable. Es decir, no recibe ni en forma ni en tiempo lo que compró en su día”, añade.
La reclamación pretende la resolución y anulación del contrato de compraventa, con la devolución al Ayuntamiento de las parcelas y los edificios y la devolución por parte del Ayuntamiento de las cantidades recibidas. Asimismo, también se pretende el cobro de los gastos e intereses abonados por Detea durante estos cinco años. Por último, también se exigirá el abono de los daños y perjuicios que la gestión municipal ha causado a la empresa constructora.