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Detea asegura que la cantidad adeudada –tres millones de euros- se debe a modificaciones de proyecto instadas por el propio Ayuntamiento y certificadas por sus técnicos municipales.

Detea, la empresa encargada de las obras realizadas en la sede policial de La Ranilla, ha asegurado estar “dispuesta a llevar a la vía judicial” para reclamar lo que le adeuda el Ayuntamiento de Sevilla, casi tres millones de euros.

La dirección de la empresa realiza estas declaraciones después de que el Consistorio haya dado a entender que no pagará su deuda con Detea por las obras realizadas en la comisaría policial.

“Detea dispone de informes de prestigiosos bufetes que avalan esa reclamación y una posible actuación judicial, si bien tratará de agotar la vía del diálogo antes de recurrir a los tribunales para lograr el cobro de la deuda”, asegura la dirección de la compañía en un comunicado remitido a Sevilla Actualidad.

“Rechazamos rotundamente que la cantidad reclamada sea debida a errores en el proyecto imputables al contratista, como argumenta, sin ninguna base para ello, un informe técnico del Ayuntamiento dado a conocer por los medios de comunicación”.

En este sentido, Detea subraya que la cantidad adeudada “se debe, en su mayor cuantía, a modificaciones de proyecto no sólo autorizadas, sino instadas por el propio Ayuntamiento y certificadas por sus técnicos municipales, sin que en ningún momento la corporación municipal planteara objeción alguna sobre las obras realizadas por nuestra compañía y sus costes”.

“El importe restante del montante de la deuda se debe a las paralizaciones de varios meses en las obras por la falta de definición del proyecto, las cuales conllevaron constantes incrementos en los costes añadidos para nuestra constructora, coste que sólo han sido soportados por Detea y que el Ayuntamiento no ha abonado a pesar de que la normativa de contratos es clara sobre la responsabilidad de la Administración por los gastos que se deriven de la suspensión”.

La empresa insiste en que “desde el proyecto inicial aprobado hasta el concluido se han producido modificaciones de envergadura tanto en el proyecto como en el contrato, que no se limitan, como se ha señalado, a la modificación de contrato aprobada en 2010. Así, la inicial configuración de un edificio de siete plantas, quedó en cuatro plantas con un aumento importante de la superficie a construir y se realizaron múltiples ajustes para dar cabida a nuevas delegaciones municipales como la de Convivencia y Seguridad y la de Movilidad”.

“Todas estas modificaciones fueron propuestas, ordenadas, supervisadas y aprobadas por el Ayuntamiento hispalense. Y las obras finalmente realizadas incluyen todos y cada uno de los cambios que fueron propuestos y autorizados por el propio Ayuntamiento, que las recepcionó mostrando plena satisfacción y sin plantear objeciones, estando el edificio en funcionamiento normal y según los usos para los que fue construido. Detea ha cumplido, por tanto, con todos sus compromisos en esta obra, sin que el Ayuntamiento haya cumplido en cambio con sus obligaciones de pago”.

Vílchez: “Lo que reclama Detea no tiene fundamento legal”

Tras conocerse la noticia, el delegado de Urbanismo y Medio Ambiente, Maximiliano Vílchez, ha asegurado que el Ayuntamiento “está actuando según la ley y aplicando la normativa. Se han realizado varios informes y los técnicos de Urbanismo han entendido que lo que reclama esta constructora no tiene fundamento legal alguno”.

En este sentido, Vílchez ha señalado que “se ha revisado pormenorizadamente la obra y los documentos justificativos de la misma y los técnicos no han encontrado justificación al sobrecoste que reclama la empresa y, por tanto, no puede atender a esos pagos. Esta reclamación es una más de las que este gobierno se ve obligado a hacer frente por la incapacidad, ineficacia e incompetencia del anterior gobierno en cuanto a cómo se llevaban, controlaban y justificaban las obras”.

“La resolución que la Junta de Gobierno aprobó, sobre el impago de estas cantidades solicitadas por la empresa, siempre ha seguido el procedimiento legalmente establecido y con los documentos aportados y que obran en el expediente, no hay razones para pagar la cantidad reclamada”.

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Licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla, empezó en la comunicación local y actualmente trabaja para laSexta. Máster en Gestión Estratégica e Innovación en Comunicación, es miembro...