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El PSOE propone acotarlo a los meses de abril y mayo y limitarlo al entorno declarado Patrimonio de la Humanidad.
Los concejales del Grupo Socialista Antonio Muñoz y Susana López han presentado hoy una propuesta alternativa a la anunciada liberalización de horarios comerciales para todo el casco histórico durante seis meses al año planteada por el gobierno local del PP.
Para el PSOE, el planteamiento del gobierno de Zoido supone un “grave daño al pequeño comercio para beneficiar a las grandes superficies que no está basado ni en datos objetivos ni en ningún estudio sobre la situación del comercio y del turismo en la ciudad”.
Ante esta situación, el PSOE propone como alternativa limitar el espacio afectado por la Zona de Gran Afluencia Turística a la zona de influencia del Alcázar y la Catedral y que se aplique sólo durante los dos meses en los que se registran más pernoctaciones hoteleras: abril y mayo.
El decreto 20/2012 establece que todos los comercios de menos de 300 metros cuadrados, incluyendo las franquicias, tienen libertad horaria (con la excepción de los establecimientos pertenecientes a grandes grupos empresariales), y que para las grandes superficies se fijarán diez festivos al año y se ampliará a 90 horas el periodo en el que pueden abrir a la semana.
Asimismo, se obliga a ciudades como Sevilla a aprobar una Zona de Gran Afluencia Turística en la que se aplique la libertad horaria para las grandes superficies de forma que, en caso de no aprobarse, se liberalizarían los horarios por decreto en toda la ciudad.
“Sevilla tiene la obligación de cumplir el decreto, aunque desde el PSOE estemos en contra del mismo. Pero se trata de definir qué zonas y durante qué tiempo se debe aplicar para, aún cumpliendo una norma que daña a los pequeños comercios, reducir el impacto negativo”, explicó el concejal Antonio Muñoz, quien criticó el planteamiento impulsado por el gobierno del PP sin debatirlo previamente en el Pleno del Consejo del Comercio.
“Hasta ahora todas las medidas en Andalucía sobre horarios comerciales se habían adoptado por unanimidad, sin embargo el gobierno del PP ha hecho una propuesta sin consenso y sin criterios objetivos que no va a servir ni para incrementar el consumo ni para reactivar la economía. Seis meses es un periodo excesivo y no justificado, puesto que se incluyen meses que están entre los que tienen menos pernoctaciones hoteleras, y el casco histórico entero es un área excesiva e injustificada”.
En este escenario, y ante la obligatoriedad de aplicar el Decreto, el Grupo Socialista ha registrado unas alegaciones que siguen el modelo consensuado en ciudades como Córdoba, donde la Zona de Gran Afluencia Turística sólo se aplicará al entorno de la zona declarada como patrimonio histórico, o Valencia, donde la liberalización se limitará al circuito de Fórmula 1, y que reduce al mínimo el impacto sobre el pequeño comercio del decreto aprobado por el Gobierno central.
“Es una propuesta lo más restrictiva posible para evitar un daño irreparable al sector comercial ya muy afectado por la crisis”, resumió Antonio Muñoz.
La propuesta plantea en primer lugar acotar la zona declarada como de Gran Afluencia Turística a las calles incluidas como zona de influencia de los bienes declarados de Patrimonio Histórico según los planes especiales del Alcázar y de la Catedral. De esta forma, la mayor parte de las grandes superficies quedarían excluidas y, aún cumpliendo la normativa, no se dañaría tanto al pequeño comercio.
En segundo lugar, el periodo de tiempo afectado se limitaría a los meses de abril y mayo, época con más afluencia turística según la media de pernoctaciones hotelera de 2005 a 2012 calculada según los datos del Instituto Nacional de Estadística, y en la que además coinciden la Feria y la Semana Santa. De esta forma, se cumpliría además con el decreto que fija entre los criterios para la declaración de una Zona de Gran Afluencia Turística, la proximidad con el patrimonio histórico o la coincidencia con grandes eventos culturales de la ciudad.
“Es una propuesta abierta, para reabrir el debate, y buscar un consenso entre los sindicatos, consumidores y empresarios de forma que el daño al pequeño comercio se reduzca. Se trata de abrir el diálogo y no de aprobar la decisión más importante que se ha tomado en los últimos años en relación al comercio de la ciudad en una comisión creada al gusto del gobierno y excluyendo el debate en el pleno del Consejo del Comercio. Si esta medida no se debate en el Pleno del principal órgano consultivo que hay en la ciudad sobre este sector, ¿para qué lo ha creado el gobierno de Zoido?”, se preguntó Antonio Muñoz.