Torrijos advierte que la empresa pública “no está en condiciones de exigir el pago de cuotas cuando es la primera que le debe dinero a comunidades de propietarios”.
El Grupo Municipal de Izquierda Unida en Sevilla ha mostrado su “total respaldo” a la concentración que los vecinos de San Jerónimo afectados por las últimas amenazas de desahucio procedentes de Emvisesa han decidido convocar el jueves 1 de noviembre para reclamarle al Gobierno local el cese de estas prácticas y para demandarle también alternativas al objeto de evitar que un centenar de familias con problemas económicos terminen siendo expulsadas de sus viviendas.
“Nuestra fuerza política no va a dejar ni de apoyar a estos inquilinos ni de censurar el maltrato que éstos están recibiendo por parte de un PP cada vez más insensible e indiferente ante los problemas de los ciudadanos”, ha indicado el portavoz municipal de IU, Antonio Rodrigo Torrijos, quien, por otro lado, ha confirmado la presencia de su grupo en esta protesta, que tendrá lugar en la calle Andén.
El concejal de IU ha tildado de “inadmisible” el hecho de que Emvisesa se dedique a enviar “cartas intimidatorias” a sus inquilinos, donde les avisa de que, si en el plazo “inexcusable” de 15 días no abonan sus deudas con la entidad municipal o sus pagos atrasados de la comunidad, se darán por resueltos los contratos de arrendamientos y se les abrirá inmediatamente un proceso judicial de desahucio.
“Ese tipo de comportamiento es más propio de asustaviejas sin escrúpulos que de una administración pública”, ha aseverado Torrijos. Así, ha lamentado que el Gobierno de Zoido, “en vez de recapacitar y rectificar tras la denuncia de IU, haya optado, en cambio, por reafirmarse en su reprobable forma de actuar, aferrándose para ello a la excusa de que se está limitando a aplicar la legalidad vigente”.
Es más, el portavoz de la federación de izquierdas ha advertido de que Emvisesa “no es la más indicada para exigir el cobro de nada”, pues asegura que la empresa municipal y la Gerencia de Urbanismo “son las primeras que le deben dinero a comunidades o intercomunidades de propietarios por diferentes conceptos como ocurre, por ejemplo, con la de Tren Shangay, 1”.
En opinión de Torrijos, “son muchas las opciones a las que el Ayuntamiento puede recurrir antes que a la de amenazar a sus inquilinos con el desahucio si no paga. Máxime”, ha agregado, “cuando estamos hablando de familias humildes que padecen una adversa situación económica derivada de una crisis que no han provocado”. Entre las alternativas que IU propone, figuran las de reducir temporalmente la renta del alquiler o la de establecer alguna moratoria o aplazamiento del pago a aquellos inquilinos que por causas sobrevenidas se han quedado en el paro.
“Rechazamos frontalmente que el PP anteponga su voracidad recaudatoria a los derechos fundamentales de las personas”, ha enfatizado el concejal de IU. Por último, Torrijos ha recordado que si el Gobierno de Zoido no hubiese eliminado la Oficina de Asesoramiento al Inquilino en riesgo de abuso (Otainsa) o el Parque Social de Vivienda que IU puso en marcha en el anterior mandato, “el Ayuntamiento contaría hoy con dos instrumentos muy válidos para afrontar este tipo de realidades tan dramáticas con un margen de maniobra mucho mayor del que, por desgracia, dispone actualmente”.
Facua pide que se convoque el Consejo de Administración
La organización de consumidores Facua en Sevilla ha exigido a Emvisesa, empresa municipal de la vivienda de Sevilla, que convoque al Consejo de Administración para analizar la situación de más de cien familias de San Jerónimo. En los últimos días, familias del citado barrio estaban recibiendo cartas de Emvisesa donde se les avisaba de que debían abonar en un plazo máximo de quince días las deudas pendientes o, en caso contrario, iniciarían un proceso judicial de desahucio.
La Asociación solicita a Emvisesa que reconsidere las acciones que está emprendiendo contra más de cien vecinos de San Jerónimo y debata en su Consejo de Administración las distintas opciones con la participación de todas las partes, entre ellas los consumidores.
En este sentido, Facua Sevilla pide al Ayuntamiento “que cumpla con el acuerdo adoptado por el actual Gobierno local para que las organizaciones de consumidores estén representadas en el Consejo de Administración de Emvisesa, ya que es en la única en la que aún no están representados (Emasesa, Lipasam, Tussam y Emvisesa)”.
La asociación reclama al Gobierno municipal y a la Empresa Municipal de la Vivienda de Sevilla “sensibilidad ante la grave situación económica que atraviesan numerosos ciudadanos”. Así, espera que “en lugar de mimetizar las prácticas de las entidades financieras, que no han tenido ningún escrúpulo en echar a la calle a cientos de miles de familias desde el inicio de la crisis, actúe como un Gobierno preocupado por sus ciudadanos y busque soluciones a los problemas”.