El nuevo Fondo de Recuperación Next Generation EU podrá movilizar en España un volumen de inversión sin precedentes: hasta 140.000 millones de euros repartidos en 72.000 millones en transferencias (subvenciones a fondo perdido) y resto en créditos (préstamos) durante los próximos seis años (2021-2017); un 11% del PIB de 2019.
Son unas ayudas vitales y urgentes para una gran parte de la sociedad; empresas, PYMEs, autónomos y economía social, y el acceso en igualdad de condiciones y la transparencia en el reparto de estos fondos es clave. La gestión de estos fondos, el control previo de las asignaciones y el seguimiento de los proyectos se detallan en el Real Decreto Ley que el Gobierno publicó en el BOE del 30 de diciembre del 2020.
Se trata de un ‘decretazo’ puesto sobre la mesa sin información previa ni debate público, que centra toda la responsabilidad en el Gobierno y que a todas luces no garantiza los principios de transparencia, publicidad, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación de acceso. Estos conceptos son mencionados de forma vaga y no desarrollada a lo largo del texto, dejando muchos cabos sueltos y muchas incógnitas sobre cómo se podrá acceder a los fondos y cerrando la puerta a una futura y necesaria fiscalización.
Estas ayudas millonarias deben regirse dotadas de las herramientas legales y órganos institucionales y fiscalizadores necesarios, en un proceso accesible tanto para grandes como pequeños, y auditable para la ciudadanía.
A falta de los todos detalles desde Europa, estas ‘ayudas’ pueden acabar generando una deuda a futuro que pagará la ciudadanía, cuando pase la pandemia, con más recortes y austeridad a partir del momento en que se restablezca el Pacto de Estabilidad Europeo, previsto para junio de 2021. Recordemos la famosa ‘ayuda’ a Bankia (solo devuelta en un 14,7 %), que acabó suponiendo austeridad y recortes de servicios públicos como la educación o la sanidad, más vitales si cabe en un contexto como el actual.
Considerando la importancia del momento en términos de cantidad, velocidad y pretendido destino y objetivos del dinero público que se está movilizando, estas ayudas serán claves para esta década 2020-30. Estamos ante unos presupuestos astronómicos que son, quizás, en términos de inversión pública, la última oportunidad para acometer -como indica el mismo Plan España Puede-, la «transición económica y social necesaria».
Por ello, la Plataforma Open Generation EU se ha reunido con diversos grupos parlamentarios para pedir que soliciten que el Real Decreto sea tramitado como proyecto de ley con carácter de urgencia. De esta manera, se abrirá un espacio de debate parlamentario que no ha sido posible hasta ahora, y se abrirá la puerta a presentar enmiendas al texto.
Open Generation EU también ha elaborado una primera batería de enmiendas para mejorar las garantías de transparencia y acceso a la información que harán posible que la ciudadanía pueda conocer a quién y para qué se han otorgado los fondos. De la misma manera, un mejor acceso a la información facilitará un acceso democrático a estas ayudas públicas.
Sobre la Plataforma Open Generation EU
La Plataforma ciudadana Open Generation EU reúne actores de la sociedad civil, expertos y periodistas preocupados sobre las posibles consecuencias que puedan traer los fondos europeos conocidos con el nombre Next Generation EU. Preocupados ante la falta de transparencia y acceso a la información relativa a estas ayudas, la Plataforma trabaja en una campaña de incidencia política con los diversos Grupos Parlamentarios del Congreso para incorporar mejoras y más garantías de transparencia.