Se calcula que en España duermen unas 50.000 personas en la calle, de las cuales 1.000 lo hacen en Sevilla. A pesar de que esta cifra no coincide con los números oficiales del Ayuntamiento, cuyos datos recogen menos de la mitad de dicha estimación, la pandemia del COVID-19 ha evidenciado las carencias del sistema municipal para afrontar el problema del “sinhogarismo”.

Hoy, 10 de diciembre, en el 72º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en Sevilla Actualidad entrevistamos a diversos activistas y miembros de ONGs que luchan por mejorar las vidas de los “sintecho”, una tarea cuyo principal objetivo es recuperar la dignidad de personas que lo han perdido todo, una dignidad a la que, según la Carta de Naciones Unidas de 1948, es un derecho primordial que debe ser protegido en todo el mundo.

Lagarder Danciu en una manifestación (Foto decida por el activista)

Lagarder Danciu, activista social a caballo entre Sevilla y Barcelona, para explicar la inoperancia de los albergues municipales sevillanos, pone el ejemplo de Joaquín, un transeúnte habitual de la Avenida de la Constitución recientemente fallecido. “La calle no perdona, estuvimos cinco años luchando por que Joaquín pudiera llevarse a su perrita Rocío al albergue, pero las normas de estos son tan absurdas, que nos quedamos esperando y ha muerto”.

A ojos de Danciu, es absolutamente incomprensible que en pleno confinamiento pongan 600 euros de multa si uno se salta la norma y, sin embargo, haya personas “invisibles”. Lagarder recuerda que el derecho a una vivienda digna y adecuada lo contempla el artículo 47 de la Constitución Española “y estamos muy lejos de ello”.

El Coronavirus “ha sacado las vergüenzas y la infradotación del sistema social y sanitario de este país, la privatización de ambos sectores nos ha mostrado lo dañino que es poner en manos con ánimo de lucro la atención pública”.

En época de pandemia es más difícil verlo, pero existen albergues en los que solo se puede pernoctar por la noche, en cuanto sale el sol, hay que dejar el establecimiento, otros en los que el máximo de noches consecutivas son tres, y a todo ello, hay que sumar las colas interminables para ser atendidos en servicios sociales.

En opinión de Danciu, se busca la cronificación de los «sinhogar», «estigmatizados de por vida, porque solo eso justifica el desastre del circuito actual de asistencia a los mismos. Miremos a Estados Unidos para comprobar lo que ocurre ya que hacia ahí vamos”.

Un régimen carcelario

En esta línea, Alfonso Romera Piñero, presidente de la ONG La Carpa y médico oftalmólogo jubilado, sostiene que actualmente los centros destinados a atender a personas «sinhogar» y transeúntes (los que más preocupan), “practican un régimen carcelario”. “Horarios estrictos, las parejas no pueden dormir juntas, ni acudir con mascotas, o con el carro con el que recogen chatarra si es el caso”.

Para Alfonso, la base de la falta de funcionalidad de los albergues y centros dedicados a solventar, o al menos, intentar aliviar esta situación, es la falta de transparencia de los mismos y la privatización mediante la cual “el Ayuntamiento de Sevilla se lava las manos abandonando la inspección y la supervisión a su suerte privada”.

Romera es consciente de que los vagabundos en Sevilla no se ven a simple vista, al menos no su totalidad, “bajo los puentes, en chabolas, o en coches, también sobreviven y esto ha quedado claro en la época más severa del confinamiento cuando el Ayuntamiento tuvo que habilitar dos polideportivos porque las 350 plazas disponibles en albergues se quedaban muy cortas”.

Eso sí, según La Carpa, en todo este tiempo no han podido obtener información oficial del estado de las instalaciones, el modus operandi ni los planes a medio plazo, “lo único que sabemos nos llega a través de los propios usuarios, pero no pensamos que sea la vía más adecuada para colaborar en la mejora de una dinámica demoledora”.

En esta segunda ola, parece que se ha llegado a acuerdos con pensiones y hostales, pero tampoco figura información exacta al respecto. A esta opacidad, Alfonso señala que hay que adjuntar los 8 millones de euros que se destinan a empresas privadas para gestionar la tragedia vital de tantas personas, “una privatización que, además de un derroche de dinero público, es cruel con el ser humano…Joaquín murió sin poder dormir bajo techo con su perrita Rocío, no lo olvidemos”.

Ni alcohol, ni droga: una versión trágica de la vida

En cuanto a los estereotipos “que tanto daño hacen”, Alfonso hace hincapié en que pensar que los “sinhogar” son unos “enfermos mentales, drogadictos o alcohólicos es un gran error porque la mayoría de las personas en esta situación tan vulnerable son la consecuencia de una evolución trágica de sus vidas que nadie desea”.

La propuesta de La Carpa para afinar la política asistencial se fundamenta en el concepto de “espacios de transición” con las siguientes metas: que el programa sea inclusivo, autogestionado, autofinanciado (ya que se prevé la creación de empleo entre los propios usuarios) y de proximidad evitando “los guetos”.

Una ilusión y unas indicaciones que Alfonso considera realizables y con un presupuesto “mucho menor al que se otorga ahora al puro mundo privado”.

Clara Fajardo

Plumilla por vocación, he trabajado en radio, televisión y prensa on line. Profundamente europeísta y convencida de que el Periodismo es el motor de cambio de la sociedad y hay que salvaguardarlo. Para...

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