Responsabilizan a técnicos directivos y autoridades políticas de cualquier problema sanitario que se pudiera derivar del corte del suministro.
Un grupo de entidades sociales y ciudadanas de Sevilla han firmado un manifiesto de apoyo a la Corrala La Utopía en el que exigen el restablecimiento “inmediato” del suministro de agua por parte de la Empresa Metropolitana de Agua (Emasesa). Asimismo, responsabilizan a técnicos directivos y autoridades políticas de cualquier problema sanitario que se pudiera derivar del corte del suministro.
Entre las entidades firmantes se encuentran Ingeniería Sin Fronteras-Andalucía, Red Andaluza Nueva Cultura del Agua, FACUA Sevilla y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía.
Tanto Endesa como Emasesa cortaron los suministros de luz y agua días después de que las familias hicieran pública su voluntad de abonar un alquiler social, así como de hacerse cargo del coste del suministro de luz y agua que utilizaban.
La justificación que esgrimió el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, para actuar de este modo fue la pretensión de no infringir el principio de igualdad entre usuarios, basándose en el Reglamento de Suministro Domiciliario de Agua de la Junta de Andalucía, que exige para ello la cédula de primera ocupación, imposible de tramitar careciendo de los títulos de propiedad del inmueble.
No obstante, las entidades firmantes exigen el restablecimiento del suministro argumentando que «el agua es un elemento indispensable para la vida, la dignidad de las personas y el desarrollo humano». Su carácter vital y esencial es también lo que ha conducido a la Asamblea General de las Naciones Unidas a aprobar, en julio de 2010, que el derecho al abastecimiento y saneamiento básico sea «un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos».
Esto significaría que España, que votó a favor de esta iniciativa y por tanto está obligada a trasladar este derecho a su Constitución y a su legislación positiva, y su Gobierno deben garantizar el acceso al agua potable y al saneamiento a toda su ciudadanía, y hacerlo bajo principios de universalidad, accesibilidad, continuidad, transparencia y participación.
Para ello, el caso de La Corrala muestra que el reconocimiento de estos derechos es una tarea pendiente en la ciudad de Sevilla, que no acaba de ser entendida ni por el Ayuntamiento de Sevilla, ni por Emasesa, ni por la Junta de Andalucía, que conforme a la ley andaluza del agua y a la legislación sanitaria deben garantizar este acceso.
El manifiesto, al que pueden adherirse otras entidades y personas, concluye afirmando que «el principio de igualdad entre usuarios en el que se basa el razonamiento del Ayuntamiento de Sevilla, viola el principio de justicia, de seguridad y de garantía al acceso al agua potable y al saneamiento (universalidad y no discriminación) de estas familias».
Por todo ello, exigen al Ayuntamiento de Sevilla, a Emasesa, al distrito sanitario competente y a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, «la reanudación inmediata del suministro de agua potable y saneamiento al bloque de San Lázaro», para acabar así con una situación que consideran «atenta contra los derechos humanos y constitucionales de las 36 familias afectadas», haciendo responsables «a técnicos directivos y autoridades políticas» de cualquier problema sanitario que se pudiera derivar de esta medida, que creen «injusta, coercitiva y cruel».