La Junta de la Facultad de Comunicación rechaza la reforma en el área de Educación aprobada por vía de urgencia y anima a otras facultades del Estado a sumarse a la protesta.
La comunidad universitaria de Sevilla continúa movilizándose con una amplia programación durante el paro académico que secundan para exigir la derogación del Real Decreto Ley 14/2012. Alumnos, profesores, personal de administración y de servicios de las universidades públicas sevillanas (Universidad de Sevilla y Universidad Pablo de Olavide) rechazan la manipulación de la que están siendo objeto, así como los recortes en Educación que, señalan, amenazan la sostenibilidad y los criterios de calidad de la docencia y de la labor de investigación de la Universidad.
Desde la Junta de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla han alertado de las dificultades que ya tienen algunos estudiantes para mantener al corriente el pago de sus matrículas debido a las condiciones económicas actuales, y denuncian que la subida de tasas sin una compensación en el sistema de becas como recoge el decreto ley aprobado por vía de urgencia supondrá regresar a un modelo de “universidad elitista”.
Animan a otras facultades del Estado a sumarse a la protesta “ante la gravedad de los problemas plateados y la urgencia de superarlos”.
Este es el comunicado emitido por la Junta de la Facultad de Comunicación (pdf):
«Reunidos los integrantes de la Junta de Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla en sesión extraordinaria celebrada el lunes 21 de mayo de 2012, una vez examinado el Real Decreto-ley 14/2012 de 20 de abril (BOE 21 de abril) de medidas de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, manifestamos lo siguiente:
1.- Nos adherimos y suscribimos en su totalidad tanto la respuesta que la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas ha dado al Ministerio de Educación, así como la Declaración y Posicionamiento de la Mesa del Claustro de la Universidad de Sevilla, entre otros posicionamientos producidos en los últimos días en la misma línea de rechazo del Real Decreto.
2.- Consideramos que las medidas aprobadas en el citado Decreto distan de ser racionales y eficaces. Para ello, tendrían que haberse basado, como mínimo, en un examen riguroso y detallado de la situación de las universidades españolas. En lugar de ello, apoyándose en informes de dudosa fiabilidad y sesgados por su clara orientación a justificar decisiones ulteriores, configuran una serie de recortes y devaluaciones sistemáticas de las condiciones objetivas para el mantenimiento de la calidad, que amenazan con distanciarnos cada vez más de los parámetros del Espacio Europeo de Educación Superior y ponen en peligro la demandada oferta de títulos de grado y másteres impartidos en nuestra Facultad.
3.- Protestamos por la patente carencia de voluntad de diálogo por parte del Ministerio, que no ha mantenido contacto previo con la comunidad universitaria a ningún nivel (CRUE, Consejo de Universidades, Consejo de Estudiantes) a fin de realizar un análisis ajustado de la situación y de negociar las medidas adecuadas.
4.- Deploramos que, por el contrario, el Ministro de Educación haya dado reiteradas muestras de su menosprecio a la Comunidad Universitaria (profesorado, PAS y alumnos) y de su desconocimiento de la realidad de las universidades públicas españolas, en particular, del enorme esfuerzo realizado por ellas en estos años para, en condiciones de financiación muy inferiores a las de otros países avanzados de nuestro entorno, mantener un creciente nivel de competitividad y resultados, que nos siguen manteniendo en los tan invocados rankings por encima de lo que podría esperarse de ese limitado esfuerzo de inversión.
5.- Consideramos especialmente desafortunada e inapropiada la disociación planteada por el Real Decreto-Ley 14/2012 entre actividad docente y actividad investigadora, construida sobre la falsedad de que el profesorado universitario que no cuente con una serie de sexenios es porque no investiga y sobre el prejuicio inaceptable de que la docencia es la pena que, por tanto, hay que imponerle a dicho profesorado. Es precisamente el fructífero trasvase entre investigación y docencia uno de los pilares fundamentales que hacen de la Universidad una institución de enseñanza superior. Por otra parte, lastrar al profesorado más joven con un desproporcionado aumento de la carga lectiva (ya superior de hecho, en la universidad española a la de muchas universidades europeas) repercutirá muy negativamente en su dedicación a la investigación y, por consiguiente en sus posibilidades de progresar en la carrera académica.
6.- Consideramos infundado e injusto el criterio de número de alumnos que el Ministerio ha esgrimido en abstracto para argumentar que determinadas carreras no alcanzan la eficiencia deseable. La Universidad española lleva años sometiéndose a muy distintas evaluaciones y sus titulaciones tienen procesos de verificación, implementación de sistemas de garantía de calidad y demás indicadores objetivos, supervisados de forma independiente por las Agencias de Evaluación de la Calidad de las Universidades, que son referentes más adecuados para formular un juicio al respecto.
7.- La previsible y desmesurada subida de las tasas de matrícula, sin una paralela mejora del sistema de becas y préstamos a los estudiantes, supone un serio retroceso en el proceso de garantizar una igualdad de oportunidades y nos devuelve a una universidad elitista.
8.- Al comprometer el mantenimiento de las tasas de eficiencia de las titulaciones, puede comprometer en algunos centros la continuidad de las titulaciones implantadas, puesto que es previsible un descenso generalizado del número de nuevos alumnos universitarios y un aumento del número de los que abandonan los estudios. Ya en los dos últimos cursos, antes de la anunciada subida, se detecta un notable aumento de impagos de matrículas por la incidencia de la depresión económica.
9.- Coincidimos con la reciente Declaración de la Conferencia de Decanatos de Letras de las Universidades Andaluzas en que las decisiones del Ministerio contienen elementos que atacan directamente a las disciplinas humanísticas, pero entendemos, además, que ese ataque resulta extensivo en el fondo a todas las disciplinas teóricas, tanto científicas como humanísticas, y ello por la sencilla razón de que hay una concepción muy empobrecida y muy errónea del sentido de la tarea de la Universidad en la visión que transmite el Ministerio: su constante apelación a un criterio economicista de rentabilidad no contempla en ningún momento el valor insustituible de la formación humanística; pero tampoco la necesidad de la actividad eminentemente teórica en todos los campos del saber, ni la misión de la Universidad como transmisora de cultura y lugar esencial para el ejercicio del pensamiento libre.
10.- Nos sumamos, asimismo, al conjunto de las Declaraciones y Manifestaciones de rechazo emanadas desde los órganos colegiados de nuestra Facultad, como los Consejos de Departamento, así como a las declaraciones y manifestaciones de rechazo emanadas tanto de centros y facultades de la Universidad de Sevilla como de otros centros de la comunidad.
11.- El Real Decreto-Ley 14/2012 no es, en todo caso, sino la culminación de una ya larga serie de actuaciones tendentes al deterioro de la imagen de enseñanza pública ante la sociedad española, con crecientes limitaciones que dificultan los objetivos de calidad y de igualdad de oportunidades, so pretexto paradójicamente de una mayor eficiencia del sistema. Ese proceso culmina con la etapa abierta por la gestión del actual ministro, José Ignacio Wert, cuyo cese al frente de la educación española resulta imprescindible para evitar el colapso de la enseñanza pública.
La Facultad de Comunicación eleva esta declaración a los órganos de gobierno de la Universidad de Sevilla, sumándose a las acciones de reivindicación y protesta emanadas del Claustro Universitario, su máximo órgano representativo, sin perjuicio de adherirse asimismo a medidas en la misma línea de sindicatos y organizaciones representativas tanto a escala de la comunidad como del estado. Esta Junta llama asimismo a sumarse a su protesta a otras facultades de comunicación de toda España ante la gravedad de los problemas planteados y la urgencia de superarlos».