Torrijos, tras su absolución en el caso Mercasevilla

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha apreciado la existencia de «un anormal funcionamiento de la justicia» en la instrucción de una de las partes del caso Mercasevilla.

El informe del CGPG, que ha sido realizado tras una reclamación patrimonial del ex líder de IU Antonio Rodrigo Torrijos y de un ex asesor municipal del PSOE, Enrique Castaño, aprecia «una serie de períodos temporales que habrían dado lugar a dilaciones indebidas en la tramitación del procedimiento».

En la investigación, que comenzó en 2009 por el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, estaba al frente del  la juez Mercedes Alaya, que luego se encargó de instruir la trama de los ERE, por posibles irregularidades en el concurso promovido en 2005 por la sociedad mixta Mercasevilla para enajenar unos terrenos.

Las diligencias partieron de una denuncia inicial de Juan Ignacio Zoido, entonces portavoz del PP en el Ayuntamiento de Sevilla, y en junio de 2017, el Juzgado de lo Penal número 13 de Sevilla hizo pública su sentencia y absolvía a los diez acusados en la causa, entre ellos a Antonio Rodrigo Torrijos.

Antonio Rodrigo Torrijos y Enrique Castaño habían interpuesto una «reclamación de indemnización por anormal funcionamiento de la Administración de Justicia», bajo la premisa de que «en la tramitación del procedimiento judicial pueden apreciarse importantes dilaciones, especialmente, en la fase de instrucción» desarrollada por la juez Alaya.

Además, Torrijos y Castaño apreciaban «irregularidades procesales que dilataron» el caso, como por ejemplo la transformación de las diligencias previas en sumario en diciembre de 2013, finalmente anulada porque «constituía un gravísimo error procesal, absolutamente inexcusable, debiendo haberse incoado procedimiento abreviado».

Sevilla Actualidad

Equipo de redacción de Sevilla Actualidad

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