El pasado 2 de junio, el Sindicato Médico de Sevilla (SMS) remitió al director gerente del Virgen del Rocío una petición oficial de información sobre «las irregularidades, con manifiesta apariencia de ilegalidad», que este sindicato habría detectado en su equipo directivo. En su respuesta, fechada el 10 de junio, según el SMS, «el gerente no despeja las dudas que existen acerca de estas irregularidades ni se muestra dispuesto a subsanarlas».
Estos hechos, según el SMS, «podrían suponer graves vulneraciones de las diversas normas que regulan los nombramientos de los cargos intermedios y directivos y fijan su régimen de incompatibilidades», por lo que el sindicato estudia emprender acciones judiciales para exigir que se restaure la legalidad y se depuren responsabilidades.
En primer lugar, denuncian que el 12 de diciembre de 2019 se hizo público el nombramiento de la actual Directora Médica del hospital Virgen del Rocío de Sevilla, la Dra. Rosario Amaya. Sin embargo, «el nombramiento oficial no ha sido publicado en el BOJA, lo que incumple la obligación de la Administración de dar publicidad al nombramiento». «Tampoco ha sido publicado en el BOJA el cese de su anterior cargo, el de Subdirectora Médica, cuyo nombramiento sí fue publicado en dicho boletín», afirman.
Por otra parte, la Dra. Amaya «desempeña, a la vez que el cargo de Directora Médica, el de Directora de la Unidad de Cuidados Intensivos del mismo hospital, a pesar de que una persona no puede ocupar simultáneamente dos puestos públicos». Aunque la Dra. Amaya ha declarado en prensa que ejerce este cargo “en funciones”, «el denominado encargo complementario de funciones limita la acumulación de funciones a los cargos intermedios y establece que únicamente puede ser realizada por personal que ocupa puestos básicos u otros cargos intermedios, no por personal que ocupa puestos directivos».
Es por esto, que según el SMS, la Dra. Amaya «estaría incurriendo en una grave y manifiesta incompatibilidad» y el «el centro estaría incumpliendo su obligación de proceder a la provisión de la vacante de un cargo intermedio por el procedimiento legalmente previsto». «A ello se suma la imposibilidad de desarrollar adecuadamente, de forma simultánea, la dirección médica de una empresa de 8.500 trabajadores y la dirección de la mayor UCI de Andalucía», han explicado.
Dentro del mismo equipo directivo, el Dr. Daniel Díaz ejerce desde hace semanas los cargos de Subdirector Médico del Hospital de Rehabilitación y Traumatología y de Subdirector Médico del Área Quirúrgica. «Como en el caso anterior, estos nombramientos, que tampoco han sido publicados en el BOJA, no se han ajustado al procedimiento legalmente establecido». Además, el de Subdirector de Área Quirúrgica, «sería un puesto directivo de nueva creación. Por tanto, antes de ser ocupado, debe ser creado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía», dado que el director gerente «carece de competencia para hacerlo».
Esta ampliación de la plantilla orgánica requeriría el informe previo del órgano de participación y representación y estudios funcionales, de cargas de trabajo y dimensionamiento de plantilla, así como memoria económica presupuestaria, objeto de informes por los respectivos órganos competentes. «Ninguno de estos requisitos, hasta donde sabemos, se ha cumplido», asegura el SMS.
Como en el caso anterior, «el Dr. Díaz no puede desempeñar estos cargos en funciones, como sostiene el gerente del SAS, pues, en primer lugar, esta figura no se contempla para puestos directivos y, en segundo, uno de ellos sería de nueva creación». Además, el Dr. Díaz realiza actividad médica privada, «lo que supondría una grave irregularidad, ya que el art. 3.2 del Decreto 75/2007 establece que el ejercicio de cargos directivos exige dedicación exclusiva».
La Dra. Jaqueline Mayoral, Subdirectora Médica de Salud Mental, sería otro puesto directivo nuevo, «que no figura en la plantilla orgánica y que habría sido creado por un órgano manifiestamente incompetente, la dirección gerencia, y cuyo desempeño habría sido encomendado a la Dra. Mayoral sin respetar el procedimiento reglamentario y sin publicación en el BOJA». Según el sindicato, todo el procedimiento se ha llevado a cabo sin publicidad, «por lo que profesionales interesados y con méritos más que suficientes para ocuparlo no han podido optar a él».
«No podemos seguir tolerando situaciones como las descritas. Saltarse la ley para colocar en los puestos de responsabilidad a personas elegidas “a dedo” es un fraude que la anterior Administración andaluza convirtió en norma», aseguran. El sindicato exige que las irregularidades denunciadas «sean inmediatamente subsanadas, con independencia de las acciones judiciales que estimemos conveniente emprender».