Los andalucistas se muestran escépticos con el compromiso del alcalde de reunirse con el resto de administraciones y promotores para buscar una solución al rascacielos que construye Cajasol.
Tras la reunión de Icomos con el Ayuntamiento sevillano, el Partido Andalucista manifiesta que “no queda claro si el gobierno municipal del PP está a favor o en contra de la paralización de la Torre Pelli”, aunque ve positivo que Junta y Gobierno Central “se sienten con los promotores para encontrar una solución al problema”. Aun así, los andalucistas no son optimistas “con que ello pueda deparar una solución para impedir que la Unesco retire la declaración de Patrimonio Mundial al entorno de la Catedral”.
En ese sentido, desde el PA se insiste en la “falsedad de las cifras que tanto Ayuntamiento como promotores manejan para afrontar una posible indemnización, que además, cada día que pasa, supone un incremento de dicha cantidad”.
Los andalucistas entienden que la reducción de altura del rascacielos de Cajasol “no generaba una obligación de indemnizar por parte del Ayuntamiento, salvo que se demostrara la existencia de un lucro cesante y que éste fuera reconocido y valorado por los tribunales, lo que no podía argumentarse en el presente caso, dado que la amplia dimensión de la parcela permite sobradamente la materialización de esa edificabilidad perdida en otro emplazamiento”.
“El actual gobierno del PP lleva ya más de nueve meses al mando del consistorio y ha tenido que esperar la visita de Icomos para decir que va a intentar organizar una reunión con el resto de las administraciones implicadas. Todavía estamos esperando que Juan Ignacio Zoido retire el ‘Informe Montaner’, que es el que presenta el gobierno español a la Uneso», señalan desde el PA de Sevilla.
Asimismo el PA pide al alcalde que explique “cómo se concedieron las licencias en julio de 2007 y septiembre de 2008 si la aprobación del Proyecto de Urbanización no se publicó hasta mayo de 2010, así como la licencia de obras del aparcamiento de la Torre, que se otorgó sin solicitar siquiera la Autorización Ambiental Unificada obligatoria de la Consejería de Medio Ambiente”.
Los andalucistas también critican que el gobierno municipal “no explique la concesión de una segunda licencia para la construcción de comercios y oficinas en el primer sótano y un Centro de Congresos de 3.842 m2 en el segundo, contraviniendo el artículo 6.2.3, y la propia ficha urbanística del Plan General al aumentar ilegalmente los usos lucrativos bajo rasante que plantea el plan. «Hay 103.257 metros cuadrados lucrativos en la licencia que contraviene lo establecido en el Plan General que establece una edificabilidad lucrativa máxima de 68.000 metros cuadrados. No se contabilizan aquí ni los garajes, almacenes ni servicios complementarios», concluye.