Desde Urbanismo insisten en que “una paralización de las obras supondría una demanda de la promotora y el consiguiente pago de una indemnización de 200 millones de euros”.
El delegado de Urbanismo, Maximiliano Vilchez, ha señalado que “la normativa de protección de patrimonio sitúa a la Junta como principal garante del paisaje urbano, por lo que si se decide la paralización de la torre Pelli, tendrán que hacer frente a sus responsabilidades».
En este sentido, Vilchez ha explicado que la Junta «debería haber tenido un papel relevante en la concesión de la licencia, por eso la administración autonómica debe actuar en este sentido y velar por el interés paisajístico”; y ha añadido que “la Junta de Andalucía tiene mucho que decir al ser la única que por ahora no ha cambiado su color político respecto al momento en el que se concedió la licencia de la obra”.
Así, el delegado de Urbanismo ha recordado que “una paralización de las obras supondría una demanda de la promotora y el consiguiente pago de una indemnización de 200 millones de euros a la que el Ayuntamiento no puede hacer frente»; y ha resaltado que “es una situación heredada que no puede cargar sobre nosotros exclusivamente, sino que el resto de administraciones que debían velar por esa defensa del patrimonio tienen algo que decir».
Además, Vilchez ha recordado que “en su momento la consejera de la Junta Rosa Torres planteó la posibilidad de que la Unesco declarara patrimonio de la humanidad al paisaje urbano de Sevilla, y ahora dicen que no tienen nada que ver con el paisaje urbano, con lo cual queda demostrado que sus responsabilidades las asumen cuando les conviene”.
Por último, Maximiliano Vilchez ha recordado que “el alcalde Zoido está promoviendo una reunión a cinco bandas entre Consistorio, Estado español, Junta de Andalucía, la delegación del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos) y la promotora de las obras de la Torre Pelli para dilucidar el posible enfoque del asunto”.