La Policía Nacional, en colaboración con la Secretaría de Estado de Seguridad Social, han destapado un fraude de 6.357.510 euros realizados mediante el cobro indebido de pensiones de personas fallecidas durante el pasado año 2019. Los agentes han arrestado a once de las 36 personas que han sido identificadas como presuntas responsables de un total de 55 delitos contra la Seguridad Social, estafa, falsedad documental y apropiación indebida.
Las actuaciones se han llevado a cabo a lo largo de 2019 en 21 provincias, concretamente en Álava, Alicante, Almería, Asturias, Barcelona, Cáceres, Cantabria, Córdoba, Gerona, Huelva, La Coruña, Las Palmas, Madrid, Málaga, Murcia, Orense, Pontevedra, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Valencia y Zaragoza.
Las investigaciones comenzaron al recibir la Policía varias denuncias de hechos similares en diferentes puntos del país. La mayoría de los implicados en el beneficio de estas cuantías abonadas de forma ilícita eran personas cercanas a los fallecidos como hermanos, hijos, nietos y sobrinos, pero también maridos, esposas, yernos y ex parejas.
Se han analizado 12.586 abonos indebidos, 75 cuentas bancarias, 23 casos con más de 100.000 euros defraudados, 40 pensiones que superaban los diez años de ingresos ilícitos, 22 fallecimientos ocurridos antes del año 2000 y 11 muertes de pensionistas españoles ocurridos en el extranjero. Hasta el momento se han podido recuperar 3.893.787 euros del total defraudado.
Entre los casos más relevantes destaca el de una mujer que, con el fin de conseguir acceso a la cuenta bancaria de su madre fallecida cuatro años antes, no dudó en acercarse al banco con una “actriz” que suplantó la identidad de su progenitora. De esta manera, consiguió el acceso al dinero mediante la falsificación de la firma de la titular de la cuenta.