La institución educativa considera que la sentencia del TSJA no recoge “los pronunciamientos jurisprudenciales sobre la potestad de planeamiento de los municipios”, sino que impulsa la “inmutabilidad de la ciudad”. La decisión de recurso se une así a la Gerencia de Urbanismo y de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio. La sentencia anula la “determinación” del PGOU de 2006 de recalificar los jardines del Prado de San Sebastián para “usos educativos”.
Sevilla Actualidad/Agencias.La Universidad de Sevilla va a presentar un recurso en el Tribunal Supremo ante la sentencia del Tribunal Superior de Justicia Andaluza –TSJA-, que anula la calificación de los terrenos del Prado de San Sebastián para la construcción de una Biblioteca Pública.
Como adelantaba ayer Sevilla Actualidad, la Gerencia de Urbanismo ya se opuso a la sentencia del TSJA por considerar que iba en contra del «ejercicio de potestades básicas para un ayuntamiento como es la potestad urbanística».
En concreto, la sentencia no admite la “determinación” del PGOU de 2006, en los que se recalifican los terrenos de los jardines del Prado para “uso educativo”. Mientras que en el mismo plan de 1987 se recogía que esta zona se destinaría al «uso y disfrute de los ciudadanos».
La Universidad de Sevilla considera que esta sentencia «no recoge los pronunciamientos jurisprudenciales sobre la potestad de planeamiento de los municipios, adaptándose a las nuevas necesidades ciudadanas», sino que, por el contrario, «impone la inmutabilidad de la ciudad».
Además, la institución educativa se muestra «contraria» a que la sentencia declare que no responde al interés general de los ciudadanos la construcción de una Biblioteca General de libre acceso y un Centro de Investigación. Puesto que según la misma, el centro favorecería el derecho de todos a la educación y la excelencia investigadora, que resulta ser un elemento «fundamental» para el progreso de la sociedad.
En relación con la decisión del TSJA, el vicerrector de Infraestructuras de la Universidad de Sevilla, Antonio Ramírez de Arellano, reiteró hoy que «la Universidad acata la sentencia», aunque «no comparte su fondo».
En este caso, Antonio Ramírez señaló que comparte la opinión de la Gerencia de Urbanismo y de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía. Que defendía la potestad del Ayuntamiento de Sevilla la determinación del uso de los suelo. De hecho, el Ayuntamiento de Sevilla entendió que la ubicación apropiada para la biblioteca es la actual, que es la que se fija en el PGOU.
Asimismo, remarcó la voluntad de la Universidad de continuar las obras, con un argumento en consonancia con el lanzado por Urbanismo, al considerar que la sentencia «no se pronuncia sobre la paralización de los trabajos», por lo que la Universidad tiene la responsabilidad de continuarlas «salvo que las autoridades competentes nos indiquen lo contrario».