Junto a Chaves y Zarrías hay otros 13 investigados por la nueva causa, que se suma a las 122 relacionadas con el caso ERE que mantiene abierto el juzgado número 6 de Sevilla.
José Ignacio Vilaplana, el juez del juzgado número 6 de Sevilla, ha emitido un auto mediante el cual acuerda abrir diligencias previas para investigar un préstamo presuntamente ilegal, de 3,7 millones de euros, a la empresa cárnica Hamsa (hijos de Andrés Molina S.A.). Este juzgado mantiene abiertas actualmente hasta 122 piezas separadas de la macrocausa de los ERE.
Se trata de una nueva causa en la que Vilaplana considera como investigados al expresidente de la Junta de Andalucía durante 19 años Manuel Chaves, al exconsejero de la Presidencia Gaspar Zarrías y a otras 13 personas. El préstamo presuntamente ilegal por el que declararán los 15 investigados se concedió en 1999.
Se atiende así la petición de la Fiscalía Anticorrupción, que había pedido que se llevase a cabo esta investigación ante los presuntos delitos de prevaricación y malversación que se habrían cometido en la concesión de la ayuda económica a Hamsa.
Comunicado oficial
Desde los juzgados se ha emitido un comunicado oficial confirmando la investigación. «Acuerda incoar procedimiento de diligencias previas contra un total de 15 personas, entre ellos diez ex altos cargos de la Junta de Andalucía como el expresidente Manuel Chaves y cinco ex consejeros, por el préstamo “puente” de 5.829.817 euros concedido a la mercantil Campocarne Andalucía -anteriormente conocida como Hijos de Andrés Molina (Hamsa)- por el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) y aprobado en virtud de acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de fecha 9 de noviembre de 1999».
En un primer auto dictado el día 3 de diciembre, el magistrado acuerda deducir testimonio íntegro y completo de las actuaciones e incoar con el mismo nuevas diligencias previas en relación a la presunta perpetración de delitos de prevaricación administrativa y malversación por parte de las 15 personas investigadas.
De igual modo, y en un segundo auto de la misma fecha, el instructor acuerda incoar procedimiento de diligencias previas por dichos delitos contra los investigados, entre los que se encuentran, además de Chaves, los ex consejeros de la Junta Gaspar Zarrías, Guillermo Gutiérrez, José Antonio Viera, Antonio Fernández y Francisco Vallejo; el ex viceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román; el ex director de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero; el ex presidente del IFA Salvador Durbán; el ex director de la agencia IDEA Miguel Ángel Serrano, y cinco directivos de la empresa.
Indicios racionales de criminalidad
En este segundo auto, informan, el magistrado pone de manifiesto que los hechos relatados por la Fiscalía Anticorrupción en el escrito elevado al Juzgado el pasado 20 de noviembre “podrían presentar características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal”, por lo que “resulta pertinente la apertura de una nueva causa de diligencias previas que tenga por objeto determinar y verificar los indicios racionales de criminalidad que se desprenden de la concesión” a Campocarne Andalucía S.A. de un préstamo “puente” de 970 millones de pesetas –5,8 millones de euros-, otorgado por el antiguo IFA y aprobado en virtud de acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta el 9 de noviembre de 1999 (formalizado en escritura pública de 22 de diciembre de 1999).
En este sentido, añade que, a través de este préstamo, “podría haberse simulado una ayuda pública directa, otorgada sin sujeción a los principios y procedimientos legalmente aplicables, con el consiguiente menoscabo de los fondos públicos comprometidos”, una operación que no “tendría vinculación alguna con el denominado “procedimiento específico” ni con las indebidas transferencias de financiación articuladas en virtud del mismo –a los fines indicados- en favor de IFA/IDEA”.
A juicio del magistrado, y tal y como sostiene el Ministerio Público en su escrito, los hechos investigados en esta nueva pieza separada “no habrían prescrito” teniendo en cuenta que, “a fecha 1 de febrero de 2005, el préstamo no habría sido amortizado y que aún entonces no habría sido declarado impagado o fallido –ni considerado un gasto/pasivo para IFA/IDEA-“.
El magistrado, en este segundo auto, acuerda solicitar distinta documentación a la agencia IDEA, a las consejerías de Presidencia y Empleo, y a la Intervención de la Junta, para que la aporten “a la mayor brevedad posible”. Además, declara la complejidad del procedimiento y señala un plazo de 18 meses para la instrucción del mismo, “sin perjuicio de lo que pueda acordarse posteriormente”.
