Comienza el juicio por el caso Mercasevilla. La Audiencia Provincial de Sevilla ha celebrado esta mañana una vista en la que se han estudiado las cuestiones previas y, en ella, la Fiscalía de Sevilla ha manifestado su oposición a la petición de nulidad que plantean los abogados de los acusados por las grabaciones que han resultado claves para destapar el caso.
Como se recordará, tras el caso Mercasevilla se esconde un presunto intento de cobro de una comisión ilegal de 450.000 euros a dos empresarios del Grupo La Raza como condición sine qua non para hacerse con la Escuela de Hostelería de Mercasevilla. Por esta razón, se sentarán en el banquillo el ex director general de Mercasevilla, Fernando Mellet; el ex director adjunto, Daniel Ponce; el ex delegado provincial de Empleo, Antonio Rivas; y la coordinadora de proyectos de la extinta Fundación Socioasistencial de Mercasevilla, María Regla Pereira.
Para cada uno de ellos la Fiscalía de Sevilla pide 900.000 euros de sanción y la suspensión de empleo o cargo público por periodo de 21 meses, ya que entiende que son responsables de un presunto delito de cohecho.
De esta manera, y ante la petición de nulidad de los abogados de la defensa, el fiscal sostiene que “debe descartarse cualquier tipo de provocación en la grabación” e incluso recuerda que ésta fue realizada, precisamente, por uno de los ahora acusados y no por los empresarios.
Al mismo tiempo, la Fiscalía se ha opuesto a que sea un magistrado el que enjuicie el caso, como pide la defensa. Entiende que son “funcionarios públicos” y que por ello el caso deberá ser llevado mediante jurado popular.
La postura de las partes
En este sentido, la única posición discordante esta mañana ha sido la del PSOE, que también se ha mostrado del lado de esta petición de la defensa. «Este tema nunca debe de llevarse ante el jurado», ha sostenido.
Por su parte, el abogado de la Fundación ha insistido en que “no ha habido ningún ardid” en la grabación y ha reiterado su “espontaneidad”.
Asimismo, el abogado de Fernando Mellet ha reiterado que la grabación “es nula a todos los efectos”, por lo que debería anular “todo el procedimiento” hasta llegar al sobreseimiento de la causa. “Se trata de un virulento ataque a los derechos fundamentales”, ha dicho.
Finalmente, el abogado de Antonio Rivas no ha planteado ninguna cuestión previa y la defensa de Pereira ha aprovechado su turno para insistir en que su defendida no es una funcionaria pública como tal.