Los trabajos del proyecto de Memoria Histórica podrían comenzar el próximo mes de diciembre y prolongarse durante unos cuatro años, según el Consistorio. La adjudicataria, la empresa vasca Aranzadi, incorporará a personal especializado de Sevilla
La Junta de Gobierno Local ha aprobado este viernes, tras la iniciativa del Área de Igualdad, la adjudicación del contrato para acometer los trabajos de exhumación e identificación genética de los cuerpos de la fosa común de Pico Reja, en el Cementerio de San Fernando, donde se encontrarían enterrados los cuerpos de 1.103 represaliados y represaliadas de la guerra civil española y años posteriores de la dictadura franquista, según apuntan historiadores como José Díaz Arriaza, cuya documentación ha sido fundamental en la elaboración de este proyecto.
El contrato, licitado por un importe de 1,2 millones de euros en cuatro anualidades, se ha adjudicado a la empresa vasca Aranzadi, una entidad de origen vasco con una dilatada experiencia en los procesos de exhumación a lo largo de todo el país. En su proyecto, la firma, no obstante, incorpora la contratación de personal especializado en la Memoria Histórica de Sevilla, según ha explicado la delegada del ramo, Adela Castaño. La delegada ha reiterado que están garantizados el inicio de los trabajos y su final, ante el compromiso adquirido por el gobierno municipal con las familias de las víctimas y con independencia de que la Diputación Provincial de Sevilla y la Junta de Andalucía contribuyan a su financiación –tal y como se comprometieron a través de un convenio cuyos trámites administrativos se ultiman– y de que el Gobierno de España concrete su aportación.
La adjudicataria incluirá como mínimo en su equipo un historiador, 5 profesionales de Antropología Forense y Física, 5 de Arqueología y 10 trabajadores y trabajadoras auxiliares de apoyo. Con las máximas garantías de rigor científico, la firma ejecutará prospecciones, recogidas en superficie, excavaciones en la fosa, exhumaciones y recuperaciones de los cuerpos y restos. Asimismo, deberá preservar y custodiar, también con todas las garantías científicas, las muestras de restos óseos y muestras biológicas tomadas a los familiares hasta su entrega a la Universidad de Granada para su identificación genética. Todo su trabajo será supervisado por una Comisión Mixta de Seguimiento del Convenio Ayuntamiento de Sevilla, Diputación Provincial y Junta de Andalucía.
El proyecto se desplegará a lo largo de cuatro años en tres fases. La primera atañe a la exhumación en sí y la identificación de los cuerpos, con trabajos que incluyen: la excavación arqueológica; intervención sobre los restos encontrados (la excavación y la identificación directa e individualizada de estos cuerpos determinarán si son o no represaliados o represaliadas); exhumación (identificación, registro de huellas sobre violencia y extracción individual de cada cuerpo o resto); antropología forense (es decir, fijar sexo, edad, patologías o anomalías); análisis antropológico de manera en laboratorio; y conservación y protección para preservar estos restos óseos y análisis de ADN. La segunda fase consistirá en la realización de un informe final como lógica contribución a la historia de la represión franquista. Y la última fase será el destino final de los restos.
Con respecto a los cuerpos que efectivamente hayan sido identificados se respetará en todo momento el deseo de las familias. Sobre los restos no identificados y/o que los familiares expresen el deseo de permanecer en el mismo lugar, se inhumarán en un espacio autorizado con indicaciones técnicas adecuadas para identificaciones en un futuro. Tras finalizar los trabajos, se repondrá el espacio como lugar expositivo y explicativo del significado histórico de esta fosa. La adjudicataria, asimismo, deberá presentar una propuesta para la reconstrucción del enclave actual que incluya un columbario de homenaje a las víctimas.