La portavoz de Adelante Andalucía y secretaria general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, ha pedido este jueves a la Junta andaluza que cumpla con la Ley de Memoria Histórica y haga salir los restos de Queipo de Llano de la Basílica de la Macarena de Sevilla. Coincidiendo con la exhumación de Franco, Rodríguez se ha dado cita en las puertas de la Basílica junto con el coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, y ha apuntado también al Ayuntamiento socialista de Sevilla por su “cobardía” en este asunto.

En declaraciones a los medios, Rodríguez ha solicitado que se cumpla la ley porque los restos del general franquista Gonzalo Queipo de Llano “están en lugar de uso público» que tiene «una carga sentimental enorme”. De esta forma, ha reclamado sacar los restos “de un asesino instigador de violadores enterrado a los pies de la Macarena”.

Según Rodríguez, Queipo ordenó «14.000 asesinatos solo en la ciudad de Sevilla, tuvo la cobardía de perseguir a 300.000 personas en la ‘desbandá’ de Málaga y Almería, de asesinar con bombarderos en Jaén, o de llamar por radio a violar a mujeres, y no nos parece que tenga que tener su tumba a los pies de la Macarena y frente al Parlamento andaluz”.

La portavoz de Adelante también ha compartido en sus redes sociales esta denuncia al tiempo que ha ironizado con la exhumación de Franco, destacando que el #unboxingFranco no les hará olvidar otros casos como el de Queipo de Llano.

Denuncia a la Junta por no sacar los restos

El pasado mes de julio, la organización ‘Andalucía Republicana’ anunció que, con el apoyo del Grupo 17 de Marzo, presentaría una denuncia contra la Junta de Andalucía para exigir que cumpla la Ley de Memoria Histórica. Reclaman que  «los restos del general golpista Gonzalo Queipo de Llano y del auditor de guerra Francisco Bohórquez» sean trasladados de la Basílica de la Macarena en Sevilla.

El portavoz de ‘Andalucía Republicana’, José Manuel García, explicó que se había dado un tiempo al nuevo gobierno de Juanma Moreno para ver si se daba cumplimiento a la normativa. Esta está en vigor desde hace dos años y medio y, según el propio García, «el gobierno socialista de Susana Díaz tampoco cumplió».