Tras la apertura del caso Magrudis en el Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla Facua ha informado en un comunicado que un nuevo auto dictado por la magistrada Pilar Ordóñez une la insolvencia punible a la lista de delitos objeto de investigación.
Se trata de una causa por la que permanecen en prisión provisional sin fianza el considerado «administrador de hecho» de la trama, José Antonio Marín Ponce, y su hijo mayor, Sandro José Marín Rodríguez, propietario y administrador único de Magrudis SLU. El hijo pequeño, Mario, que figura como propietario y administrador único de Elaborados Cárnicos Mario SLU, quedó en libertad provisional con cargos.
En el auto, con fecha de 7 de octubre, la jueza indica que además de las dos sociedades citadas, «existen antecedentes mercantiles, de los que se deduce que José Antonio Marín Ponce ha tenido 5 empresas registradas y 4 de ellas han quedado sin actividad debido a créditos incobrables». Se trata de Marín y Maldonado SL, Sanmasur SL, Sierra Encina SL, Estirpe de Jabugo SL y Embutidos El Patio SL, siendo las cuatro últimas las que paralizaron su actividad tras acumular deudas, según informa Facua.
Además, la magistrada pone de manifiesto que una de las cinco personas que fueron detenidas el pasado 24 de septiembre está vinculada a dos sociedades, Interweb Imagen SC y Rodríguez & Dorado Alimentación SL. También, continúan desde Facua, señala el auto que el 23 de agosto se tuvo conocimiento de la existencia de que la empresa Comercial Martínez León SL comercializaba productos procedentes de la trama investigada, «información que fue ocultada por los responsables de Magrudis».
«Se deduce que con la creación de todas las entidades antes indicadas, se han obtenido grandes beneficios económicos, habiéndose creado una ingeniería mercantil dirigida de forma absoluta a prever los posibles problemas que puedan sobrevenir en el funcionamiento empresarial, tanto a nivel económico como sanitario, para lo cual ha utilizado a diferentes personas en su entorno», expone el auto.
Nueve personas y diez empresas
Facua ha comunicado que la jueza ha acordado encomendar a la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos del Ministerio de Justicia que realice «el estudio de las actividades económicas, tanto en España como en el extranjero, por parte de los investigados y de personas vinculadas por lazos familiares, que pudieran estar realizando labores de testaferro». La citada Oficina se encargará de la localización de los bienes, efectos, instrumentos y ganancias que pudieran provenir de los hechos investigados en relación a nueve personas y diez empresas, tras lo que facilitará los datos que obtenga a los miembros de la Unidad Central Operativa Medioambiental (Ucoma) de la Guardia Civil que llevan a cabo la investigación.
«Trama organizada»
«De la investigación llevada a cabo hasta el momento se deduce», señala el auto compartido por Facua, «que podríamos encontrarnos ante una trama organizada, que ha creado distintas entidades mercantiles, todas con objeto social similar, así como los mecanismos necesarios para eludir el pago de las deudas y obtener cuantiosos beneficios económicos». En dicho auto la jueza continúa indicando que «incluso la última entidad, Magrudis SL, colocó en la cadena comercial de alimentos para personas, carne procesada con presencia de Listeria monocytogenes, lo que ha provocado muertes, abortos y lesiones, por lo que se hace necesario averiguar los activos, bienes, instrumentos, ganancias o efectos provenientes de las actividades ilícitas investigadas, que podrían ser constitutivas de un delito contra la salud pública, homicidio por imprudencia, lesiones al feto con resultado de muerte e insolvencia punible».